La disputa por los fondos destinados a la educación superior sumó un nuevo capítulo en los tribunales. La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió este jueves un recurso extraordinario interpuesto por el Poder Ejecutivo Nacional. Esta resolución deja en suspenso la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicte una sentencia definitiva.
Los magistrados Sergio Fernández y José Luis López Castiñeira firmaron el fallo que frenó de manera provisoria el envío de $2,5 billones solicitado por las 56 universidades nacionales.
El Ministerio de Capital Humano, bajo la dirección de Sandra Pettovello, celebró la medida en sus canales oficiales. Desde la cartera argumentaron que la puesta en marcha de la norma comprometería el equilibrio de las cuentas públicas del Estado nacional.
A pesar de conceder el traslado del expediente a la instancia superior, el tribunal rechazó los planteos de “arbitrariedad” formulados por los abogados del Estado. Los jueces sostuvieron que la sentencia previa, que favorecía a las casas de estudio, se encontraba suficientemente fundada.
Asimismo, calificaron el reclamo oficial como un interés de carácter patrimonial, descartando la existencia de una “gravedad institucional” que invalidara lo actuado anteriormente.