Comisiones de Diputados avalaron integrar al país al sistema global de registro de propiedad intelectual. El proyecto incluyó una reserva técnica para proteger la industria farmacéutica nacional y deberá regresar al Senado por las modificaciones realizadas.
El plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Legislación General e Industria emitió este martes un dictamen de mayoría para que Argentina se adhiera al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Con el respaldo de La Libertad Avanza y bloques aliados, el despacho obtuvo 57 firmas, aunque introdujo cambios sustanciales sobre la media sanción que el Senado había aprobado en 1998.
La iniciativa busca simplificar los trámites para inventores, PYMES y centros de investigación nacionales. Al integrarse a este sistema, que ya cuenta con 158 estados miembros, los desarrolladores argentinos podrán presentar una solicitud única ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) para proteger sus creaciones simultáneamente en múltiples jurisdicciones internacionales.
El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, detalló que la medida extiende de 12 a 30 meses el período de prioridad para resguardar una invención. Este plazo adicional permitiría a los emprendedores locales estudiar mercados extranjeros y captar financiamiento antes de afrontar los costos de patentamiento fuera del país.
Asimismo, la ratificación del acuerdo responde a compromisos comerciales asumidos recientemente por el Poder Ejecutivo con Estados Unidos y la Unión Europea.
Según fuentes oficiales, la alineación con estos estándares internacionales de propiedad intelectual fue un factor determinante para que el país fuera retirado de la lista de naciones bajo observación comercial por parte de Washington.
La principal controversia del debate legislativo giró en torno al Capítulo II del tratado. Este apartado permite que el INPI utilice informes técnicos de oficinas de patentes extranjeras para agilizar las aprobaciones locales.
Asimismo, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA) advirtió que este mecanismo facilitaría el “evergreening“, una práctica donde las multinacionales extienden sus monopolios mediante modificaciones menores en medicamentos existentes.
Para destrabar la negociación y asegurar el acompañamiento de bloques dialoguistas, el oficialismo aceptó establecer una reserva sobre dicho capítulo. Esta decisión busca preservar la soberanía del organismo nacional para aplicar criterios propios y proteger el mercado de medicamentos genéricos, evitando encarecimientos en el sistema de salud.
Desde la oposición, el bloque de Unión por la Patria rechazó el acuerdo en su totalidad. El diputado Santiago Cafiero cuestionó la urgencia por aprobar tratados de innovación mientras se recortan fondos al sistema científico y universitario nacional.
En contraste, sectores de la Coalición Cívica apoyaron la adhesión general, pero criticaron la reserva del Capítulo II al considerarla una concesión ante las presiones de la industria farmacéutica local.
Debido a que el texto fue modificado respecto a la sanción original de la Cámara Alta, el proyecto volverá al Senado para su revisión definitiva tras ser tratado en la sesión del 20 de mayo. Argentina permanece actualmente como el único miembro del G20 que no forma parte de este convenio internacional.
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