El titular del Banco Central de Paraguay renunció tras la liquidación por insolvencia de Ueno Bank, entidad con casi tres millones de clientes. La crisis inmovilizó millonarios fondos previsionales y estatales, motivando la detención de su CEO e imputaciones judiciales.
El tablero institucional y financiero del Paraguay quedó sumergido en una crisis sin precedentes que ya golpea de lleno los despachos del gobierno nacional. En una jornada frenética que combinó anuncios oficiales y operativos policiales, Carlos Carvallo tuvo que dejar la presidencia del Banco Central del Paraguay presionado por el presidente Santiago Peña, luego de que las autoridades regulatorias decretaran la liquidación inmediata de Ueno Bank por insolvencia crítica. El desplome de la compañía encendió todas las alarmas en el Palacio de los López, dado que el funcionario saliente había conducido esa misma firma antes de asumir el control del ente regulador estatal, alimentando duras sospechas de complicidad y conflicto de intereses que la oposición legislativa promete investigar a fondo.
La dimensión del problema es gigantesca si se mira la masa de usuarios atrapada en el corralito virtual. La compañía concentraba a casi tres millones de usuarios en un país de poco más de seis millones de habitantes, habiéndose transformado en el principal canal digital para cobro de salarios, pagos cotidianos y transferencias comerciales en apenas tres años de vida. Sin embargo, la burbuja estalló cuando los controles técnicos constataron que los niveles de solvencia de la entidad se desplomaron a menos de la mitad del piso exigido por ley, obligando al directorio estatal a bajarle la persiana de forma unánime y definitiva para evitar un vaciamiento total.
La primera consecuencia tangible para la gente de a pie fue el corte abrupto de todos los canales de atención y cobro. Liana Caballero tomó el timón provisorio del Banco Central y confirmó que la entidad financiera dejó de existir, ordenando la baja inmediata de la aplicación móvil, el bloqueo de las tarjetas plásticas y la suspensión de cualquier movimiento comercial. La flamante titular justificó la medida explicando que permitir consumos con dinero de una entidad técnicamente extinta generaría pasivos ficticios contra la nada misma, fijando una ventana legal de un par de semanas para empezar a reintegrar los ahorros atrapados en los servidores.
Para calmar la bronca generalizada de quienes de la noche a la mañana no pudieron ni comprar comida en el supermercado, se activó el Fondo de Garantía de Depósitos con un tope de cobertura equivalente a 75 salarios mínimos, lo que representa algo más de doscientos veinte millones de guaraníes por titular de cuenta. En paralelo, y para descomprimir la angustia en los mostradores, las autoridades anunciaron un giro inicial de emergencia de hasta diez millones de guaraníes para los damnificados directos, mientras que empresas de servicios esenciales como la distribuidora de agua prometieron frenar las desconexiones a quienes tenían las facturas adheridas al débito automático de la firma caída.
El costado más delicado del colapso no involucra solo a los ahorristas particulares, sino al propio dinero del Estado paraguayo. El Instituto de Previsión Social tenía depositados 355 millones de dólares de los jubilados en las cuentas del banco liquidado, a lo que se suma la situación desesperante de unos treinta y dos mil pensionados que cobraban mensualmente a través de esa plataforma. Como si fuera poco, la empresa estatal de electricidad mantenía inmovilizados más de cuarenta y seis millones de dólares provenientes de líneas de crédito concedidas por el Banco Interamericano de Desarrollo y el gobierno de Taiwán, más otros seis millones de fondos operativos propios, lo que dejó al descubierto un nivel de exposición pública alarmante.
La parálisis comercial que provocó el cierre fue instantánea: las cámaras de comerciantes e importadores señalaron que dos tercios de las transacciones electrónicas de los locales pasaban por ese sistema, dejando media economía paralizada. Frente a este panorama, los bloques de la oposición en el Senado salieron al cruce y amenazaron con iniciar un juicio político contra el mandatario Santiago Peña y su vice Pedro Alliana, acusando al Poder Ejecutivo de haber armado una trama de encubrimiento sobre el vaciamiento de fondos jubilatorios y recursos públicos. En medio del hervidero parlamentario, la Cámara de Senadores sesionó de urgencia para votar una normativa que permita desembolsar hasta cuarenta sueldos mínimos a cada cliente en el transcurso de las primeras veinticuatro horas.
La jornada cerró con una imagen de alto impacto que recorrió las pantallas de toda la región. El principal ejecutivo y creador de la entidad, Miguel Vásquez, se entregó a la Policía tras verse rodeado en su residencia, quedando detenido a disposición del Ministerio Público. Los fiscales de la causa avanzaron con imputaciones formales por el delito de abuso de confianza contra el directivo y el resto de la cúpula societaria, buscando determinar la ruta de los fondos desaparecidos y las responsabilidades penales de quienes condujeron al abismo al banco más masivo de la historia moderna de Paraguay.
El acusado, de 54 años, fue apresado en un allanamiento en el que se secuestró un machete. Juan y Nicolás, que tienen un bar en La Granja, denunciaron que los amenazó de muerte con insultos homofóbicos. El ataque se conoce días después del de Palermo.
El titular del Banco Central de Paraguay renunció tras la liquidación por insolvencia de Ueno Bank, entidad con casi tres millones de clientes. La crisis inmovilizó millonarios fondos previsionales y estatales, motivando la detención de su CEO e imputaciones judiciales.
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