Allanamiento policial en los límites de Monte Castro rescató a 18 personas sometidas a la modalidad de trabajo ininterrumpido. El establecimiento de la calle Bahía Blanca poseía una clausura previa y la justicia federal investiga a dos imputados.
Allanamiento policial en los límites de Monte Castro rescató a 18 personas sometidas a la modalidad de trabajo ininterrumpido. El establecimiento de la calle Bahía Blanca poseía una clausura previa y la justicia federal investiga a dos imputados.
Personal de la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad allanó este miércoles una vivienda ubicada en la calle Bahía Blanca al 2242, en su intersección con la calle Arregui.
En el operativo, coordinado con agencias gubernamentales, las autoridades rescataron a once adultos y siete menores de edad de nacionalidad extranjera, quienes trabajaban y habitaban en el lugar bajo condiciones de encierro y vulneración de derechos básicos.
La orden judicial fue dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, subrogado por el juez Ariel Lijo, ante la Secretaría 21 de la doctora Carolina Lores Arnaiz, en el marco de las sanciones previstas por la Ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas.
De acuerdo con las investigaciones preliminares iniciadas a principio de año a través de denuncias recibidas en las líneas 911 y 145, el recinto funcionaba sin habilitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los damnificados subsistían en un régimen de privación de la libertad ambulatoria, en ambientes sin ventilación ni luz natural.
Las autoridades policiales constataron que en el inmueble se implementaba el método laboral conocido como “camas calientes”. Esta práctica consiste en la utilización continua de las plazas de descanso por turnos rotativos de operarios, de manera que las habitaciones se ocupan de forma ininterrumpida durante las 24 horas del día en paralelo con el desarrollo de la actividad textil.
El comisario Pedro Salvarezza confirmó que la finca presentaba una faja de clausura previa en la entrada de los vehículos, la cual fue vulnerada para continuar con las tareas de confección.
Durante el procedimiento de la fecha, los agentes identificaron a un hombre y una mujer como presuntos responsables de la explotación laboral, quienes quedaron imputados y a disposición de los magistrados intervinientes.
En el lugar trabajó de forma conjunta la Agencia Gubernamental de Control (AGC), la Dirección Nacional de Migraciones y la Gerencia Operativa del Centro de Asistencia a la Víctima, junto con profesionales del Área Trata del Ministerio de Justicia de la Ciudad para brindar contención psicológica y logística a los damnificados.
Este procedimiento se sumó a las acciones regulatorias de talleres textiles clandestinos en el ámbito porteño, tras la reciente clausura de otro establecimiento en la calle Barzana al 1200, en el barrio de Parque Chas, donde la justicia intervino por riesgo edilicio y explotación laboral de menores.
Las actuaciones actuales continuarán bajo secreto de sumario para determinar el alcance de las redes de distribución de la mercadería incautada. ¿Qué fallas en los sistemas de inspección comunal permiten la reapertura sistemática de talleres textiles que ya ostentan fajas de clausura efectivas?
Allanamiento policial en los límites de Monte Castro rescató a 18 personas sometidas a la modalidad de trabajo ininterrumpido. El establecimiento de la calle Bahía Blanca poseía una clausura previa y la justicia federal investiga a dos imputados.
Mediante un fallo histórico dictado en enero, la judicatura de Bari autorizó la legalización de una familia pluriparental compuesta por dos hombres y una mujer. Autoridades municipales habían rechazado el trámite por sospechas de reproducción asistida ilegal.
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La justicia chaqueña acusó a Lidia Mabel Ojeda por la muerte de un paciente en Quitilipi. La mujer, que utilizaba una matrícula usurpada, atendió a más de 1200 personas y firmó nueve actas de defunción en hospitales públicos.
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