Fricciones partidarias postergan el nombramiento de magistrados y complican el funcionamiento del máximo tribunal provincial

La Suprema Corte bonaerense opera con solo tres de sus siete miembros, lo que exige convocar conjueces para emitir fallos. Ante la parálisis y doscientas vacantes en juzgados, Axel Kicillof busca acuerdos políticos internos para destrabar los nombramientos.

Corte Suprema Bonaerense

La estructura judicial de la provincia de Buenos Aires atraviesa un complejo escenario de desatención operativa debido a la prolongada falta de consensos en el arco político para designar a las autoridades correspondientes. La problemática afecta de manera directa a la cúpula del Poder Judicial, que actualmente funciona con menos de la mitad de su dotación legal, obligando de forma sistemática a la incorporación de magistrados de instancias inferiores para poder dictar sentencias válidas. Ante este panorama de fragilidad institucional, las autoridades de la Suprema Corte bonaerense han intensificado sus reclamos hacia las esferas del Poder Ejecutivo y del Senado provincial, advirtiendo que la dilación en los nombramientos no solo recarga las tareas de los funcionarios activos, sino que además debilita el estado de derecho en uno de los distritos judiciales más extensos de la región.

El nudo del conflicto radica en las negociaciones internas que debe articular la administración de Axel Kicillof para destrabar el tratamiento de los pliegos en la Cámara Alta provincial, un ámbito donde resulta indispensable coordinar apoyos con distintas vertientes internas del oficialismo, incluyendo a los sectores vinculados al Frente Renovador y a las agrupaciones de la militancia camporista. A pesar de que los nombramientos de los ministros de la Corte se dirimen mediante una mayoría simple, el debate parlamentario permanece congelado a la espera de que se formalice la comisión legislativa encargada de evaluar las propuestas. Fuentes vinculadas a los despachos gubernamentales reconocen que el progreso alcanzado en años anteriores para cubrir cientos de puestos de menor jerarquía en juzgados de instrucción y fiscalías regionales corre el riesgo de estancarse si no se alcanza un acuerdo macro que incluya las plazas más encumbradas del organigrama.

La operatividad diaria del tribunal supremo exige un quórum mínimo de cuatro voluntades coincidentes para emitir fallos, una meta inalcanzable con la conformación actual de apenas tres miembros titulares estables. Esta falencia matemática ha transformado un recurso de excepción —la convocatoria de subrogantes provenientes de las cámaras de Casación Penal— en una rutina administrativa permanente, restándole fisonomía propia a las decisiones del cuerpo. Paralelamente, el máximo tribunal ha impulsado iniciativas de independencia financiera ante el Palacio de Legislatura con el propósito de robustecer su gestión, mientras los analistas del sector coinciden en que la digitalización de los expedientes ha evitado un retraso masivo en las causas, aunque el desgaste funcional del sistema político continúa siendo el principal obstáculo para normalizar el servicio de justicia.

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