Miles de estudiantes y docentes universitarios se concentraron frente a la Corte Suprema de Justicia. Exigen que el máximo tribunal valide la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada por el Congreso, frente a la negativa de cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo.
La comunidad académica nacional trasladó su reclamo al Palacio de Justicia en una nueva jornada de protesta federal. Miles de manifestantes se concentraron en Plaza Lavalle para exigirle a la Corte Suprema un fallo urgente que garantice la aplicación definitiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
Ejes centrales del histórico conflicto presupuestario educativo:
Aulas en la calle: Clases públicas dictadas por docentes de la UBA, UNDAV, UNQ y UNAJ frente a Tribunales.
Origen legislativo: Ley sancionada en 2024, vetada por el Ejecutivo y ratificada por insistencia del Congreso en 2025.
Caída presupuestaria: Los gremios denuncian un ajuste real cercano al 45% en las partidas generales universitarias.
Consenso parlamentario: La normativa original obtuvo una amplia mayoría histórica, incluyendo 57 votos afirmativos en el Senado.
La movilización pacífica comenzó a las 11 de la mañana bajo la consigna explícita “Señores jueces, que Milei cumpla la Ley”. El reclamo sectorial cuenta con el respaldo orgánico del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la entidad federal que nuclea de forma unánime a las autoridades académicas de todas las altas casas de estudios públicas del territorio argentino.
Docentes de diversas especialidades instalaron pizarrones temporales en el espacio público para dictar materias de ciencias exactas, naturales y sociales. Los organizadores estudiantiles confirmaron que la medida de fuerza se extenderá de forma ininterrumpida hasta las 17 horas, afectando la actividad académica tradicional en los edificios del Área Metropolitana de Buenos Aires.
La judicialización de la norma 27.757 representa la última instancia de disputa institucional directa entre el sistema de educación pública y el presidente Javier Milei. La Casa Rosada argumenta fervientemente que la implementación de estas partidas presupuestarias resulta incompatible con el objetivo de déficit cero que rige el plan macroeconómico de la gestión.
Cabe recordar que el jefe de Estado anuló la vigencia de la norma mediante el Decreto 879/2024, fundamentando motivos de estricto impacto fiscal perjudicial para las finanzas. Sin embargo, el Congreso de la Nación utilizó el mecanismo de insistencia constitucional en septiembre de 2025 para validar la normativa tras masivas movilizaciones de la ciudadanía.
Ante la de persistente negativa oficial de transferir los recursos correspondientes para salarios y mantenimiento, los sindicatos docentes resolvieron elevar el conflicto institucional a la órbita de la Corte Suprema. El máximo tribunal de la Nación deberá dirimir de forma definitiva la validez legal de la emergencia presupuestaria frente a los decretos del Poder Ejecutivo.
El texto de la ley obliga al Gobierno nacional a aplicar actualizaciones bimestrales basadas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), tarifas y variaciones cambiarias. Asimismo, la legislación protege expresamente los ingresos reales del personal docente y no docente, el financiamiento de los hospitales universitarios y los fondos para proyectos científicos.
Los representantes gremiales y rectores expresaron formalmente ante los medios de comunicación que “reclamamos una respuesta urgente” a las autoridades del Palacio de Justicia. Advierten que el actual congelamiento presupuestario atenta contra la excelencia académica y limita de forma severa los procesos históricos de movilidad social ascendente del país.
La jornada de protesta pacífica transcurrió bajo el monitoreo de las fuerzas de seguridad federales apostadas en la zona del microcentro porteño. La comunidad educativa universitaria adelantó que continuarán profundizando los planes de lucha institucionales en caso de persistir la parálisis en el flujo de los fondos de funcionamiento indispensables para abrir las aulas.
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