Dirigentes de la oposición, la izquierda y los sindicatos exigieron a la Cancillería argentina intervenir ante la detención en Libia de Paula Giménez y Lucas Aguilera. Los activistas, miembros de una misión humanitaria hacia Gaza, permanecen incomunicados tras un control militar.
Una coalición conformada por referentes del principal espacio opositor, agrupaciones de izquierda y cúpulas de las centrales obreras ha unificado sus reclamos para demandar una enérgica actuación de la Cancillería que conduce Pablo Quirno ante la situación de vulnerabilidad que atraviesan dos ciudadanos argentinos reclutados en una comitiva de asistencia sanitaria internacional. El conflicto se desató tras confirmarse la interrupción de los canales de comunicación y el posterior confinamiento de una decena de cooperativistas pertenecientes a la organización Sumud Maghreb —entre los que se encuentran los investigadores de medios digitales Paula Giménez y Lucas Aguilera—, quienes fueron interceptados por facciones armadas en un punto de control militar próximo a la localidad de Sirte mientras intentaban trasladar insumos médicos por vía terrestre hacia la Franja de Gaza.
La preocupante falta de datos sobre la localización actual de los profesionales motivó pronunciamientos inmediatos en el ámbito gubernamental de la provincia de Buenos Aires, donde ministros del gabinete de Axel Kicillof instaron a las autoridades libertarias a implementar los protocolos de asistencia consular previstos para contingencias transnacionales críticas. Desde el arco justicialista bonaerense y diversas intendencias del conurbano se calificó la tutela de los residentes en el extranjero como una responsabilidad indelegable del Poder Ejecutivo Nacional, exhortando al uso de los canales multilaterales para esclarecer de forma perentoria las condiciones de detención y resguardar la incolumidad física de los afectados frente a lo que describen como una privación ilegítima de la libertad en territorio libio.
En sintonía, los bloques legislativos del Frente de Izquierda y dirigentes del Partido Obrero sumaron fuertes críticas al sesgo de la política exterior del presidente Javier Milei, contrastando la urgencia de este caso con anteriores gestiones del área diplomática que consideraron insuficientes. Al mismo tiempo, las conducciones de los gremios docentes de Ctera y de la CTA Autónoma difundieron comunicados y registros audiovisuales para masificar la campaña de visibilización del hecho, vinculando de forma directa las hostilidades padecidas por el convoy humanitario con la inacción o complacencia de determinados estados frente a la crisis que se desarrolla en el plano de Oriente Próximo y exigiendo la inmediata restitución de las garantías individuales de la comitiva civil.
Con una madurez cívica ejemplar, los centros de estudiantes de los principales colegios preuniversitarios iniciaron una medida de fuerza indefinida para exigir que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.
Marcela Pagano denunció penalmente al diputado libertario Santiago Santurio por enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa. La presentación cuestiona la adjudicación de un crédito hipotecario UVA del Banco Nación por 239.000 dólares, incompatible con sus ingresos y su perfil financiero previo.
Las escrituras de compraventa en CABA se estancaron en abril con 5472 operaciones, replicando el nivel del año anterior. Sin embargo, los actos con crédito hipotecario se desplomaron casi 50%, dejando al mercado sostenido principalmente por compras al contado.
El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, inauguró la muestra ganadera Las Nacionales y llamó a radicar inversiones en la provincia. Confirmó gestiones con el Grupo Juramento, de Jorge Brito, para instalar un frigorífico y un centro de engorde.
El Gobierno nacional despidió a los cuarenta empleados del complejo turístico de Embalse tras decretar su privatización a través de la AABE. La medida, que busca reducir el gasto público, replica un proceso similar en las instalaciones de Chapadmalal.
Dirigentes de la oposición, la izquierda y los sindicatos exigieron a la Cancillería argentina intervenir ante la detención en Libia de Paula Giménez y Lucas Aguilera. Los activistas, miembros de una misión humanitaria hacia Gaza, permanecen incomunicados tras un control militar.
El abogado Abelardo de la Espriella lidera el auge de la ultraderecha en Colombia de cara a las elecciones presidenciales. Su discurso de mano dura y nacionalismo capitaliza el descontento social, desplazando al conservadurismo tradicional frente a la izquierda.
Morales Solá analiza el rechazo oficialista a la homilía de García Cuerva contra la violencia digital. Critica la agresión de los voceros de Milei hacia la Iglesia por su defensa de los pobres y advierte sobre el alineamiento geopolítico con Trump.
