El imputado por el asesinato de tres jóvenes en Florencio Varela cumple un estricto aislamiento en el penal de Marcos Paz. Su defensa solicitó la excarcelación presentando a una joven de La Boca como garante para obtener la prisión domiciliaria.
El imputado por el asesinato de tres jóvenes en Florencio Varela cumple un estricto aislamiento en el penal de Marcos Paz. Su defensa solicitó la excarcelación presentando a una joven de La Boca como garante para obtener la prisión domiciliaria.
Tony Janzen Valverde Victoriano, un ciudadano peruano sindicado como pieza clave en el entramado del narcotráfico, comenzó a adaptarse a su nueva rutina de reclusión en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz. Su llegada al territorio argentino, concretada el pasado 4 de mayo tras un proceso de extradición internacional, reconfiguró el mapa judicial del violento episodio que conmocionó a la localidad bonaerense de Florencio Varela.
Las condiciones más estrictas del encierro preventivo:
Aislamiento absoluto en el pabellón de jóvenes adultos sin contacto con la población general.
Régimen de alta peligrosidad similar al aplicado a los líderes de organizaciones criminales complejas.
Cero visitas familiares debido al estado de fuga en el que se encuentra su único tío residente.
Las autoridades del Servicio Penitenciario Federal dispusieron que el procesado permanezca alojado de forma individual en el Pabellón A. La severidad del régimen de detención reproduce los parámetros aplicados a jefes de bandas criminales trasnacionales, restringiendo sus comunicaciones a una llamada semanal de veinte minutos. El acusado, conocido en el ambiente delictivo por el alias de “Pequeño J”, transita sus jornadas bajo una estricta vigilancia que busca neutralizar cualquier riesgo de fuga.
La investigación penal preparatoria se enfoca en determinar su responsabilidad material en el homicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Las tres adolescentes fueron acribilladas en una aparente disputa por territorio vinculada al narcomenudeo en el asentamiento Villa Vatteone. Mientras la fiscalía reúne elementos de convicción, el entorno del acusado activó un plan de contingencia legal para intentar revertir el dictamen de prisión preventiva en el corto plazo.
El abogado penalista contratado por la familia, Lucas Contreras Alderete, formalizó una solicitud de excarcelación bajo la modalidad de arresto domiciliario. Para viabilizar esta petición ante el juzgado, la defensa introdujo la sorpresiva figura de una fiadora solidaria que ofreció su propia residencia como garantía de sujeción al proceso. Se trata de una mujer de 27 años, identificada como Eugenia, oriunda de la provincia de Jujuy y actualmente radicada en el barrio porteño de La Boca.
La mujer, que percibe asignaciones sociales y carece de antecedentes penales computables en los registros del fuero criminal, fue presentada ante los magistrados como una persona de conducta intachable. El defensor técnico aseguró que la fiadora asumirá el compromiso formal de vigilancia y custodia del imputado. Sin embargo, los vínculos de esta ciudadana con la supuesta organización delictiva bajo examen continúan siendo un misterio para los encargados de la pesquisa judicial.
La solicitud de libertad bajo fianza fue denegada en primera instancia por el titular del Juzgado Federal Número Dos de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez. El magistrado consideró que otorgar el beneficio de la morigeración incrementaría los riesgos procesales de elusión de la justicia y contaminación de la prueba material en curso. Ante este revés, el patrocinio legal apeló la resolución, argumentando que las acusaciones descansan sobre testimonios de dudosa fiabilidad de coimputados interesados en mejorar su situación.
La defensa técnica enfoca sus cuestionamientos en las declaraciones brindadas por Celeste Magalí González Guerrero, otra de las personas de la causa. Según el letrado, los testimonios que ubican a su asistido en la escena del crimen carecen de la corroboración periférica necesaria y forman parte de una construcción mediática estigmatizante. La fiscalía federal, en tanto, avanza con peritajes tecnológicos complejos para consolidar la imputación antes del inicio del juicio oral.
En los últimos días, los peritos informáticos de la fuerza de seguridad lograron extraer valiosa información del teléfono celular de un contratista clave de la banda. El análisis de los dispositivos informáticos permitió recuperar mensajes de audio temporales de alta relevancia para la causa criminal. La resolución definitiva sobre la situación procesal de “Pequeño J” quedará en manos de la Cámara Federal, mientras el detenido aguarda aislado el desenlace de la batalla legal.
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