El organismo rescindió contratos en todo el país tras detectar cobros indebidos, clínicas en pésimas condiciones y turnos fantasma. La auditoría derivó en dos denuncias penales en Tucumán y Chaco, pero garantizan la continuidad de la atención para los jubilados.
El PAMI dio de baja a más de 1.500 prestadores médicos en todo el territorio nacional tras detectar graves irregularidades y maniobras de fraude. La medida extrema se tomó luego de una serie de auditorías integrales coordinadas con el Ministerio de Salud.
• LOS TRES INCUMPLIMIENTOS DETECTADOS: Cobros indebidos a los afiliados, sobrefacturación de prestaciones médicas inexistentes y graves deficiencias edilicias o de higiene en los establecimientos de atención.
La obra social de los jubilados, conducida por el director ejecutivo Esteban Leguízamo, sumó dos nuevas denuncias penales ante la Justicia federal. Estas presentaciones institucionales apuntan a esquemas corporativos de corrupción detectados en las provincias de Tucumán y Chaco.
Desde la conducción central del organismo previsional indicaron que buscan garantizar prestaciones seguras y atención médica de alta calidad. Asimismo, las autoridades aclararon que la purga de la cartilla no interrumpirá los tratamientos vigentes de los afiliados.
En la provincia de Tucumán, la investigación avanzada se concentró sobre el policonsultorio privado Sanarte S.R.L., ubicado en la capital de la provincia. Los inspectores estatales comprobaron que el establecimiento carecía de habilitación municipal actualizada para operar de forma legal.
Las severas anomalías de carácter administrativo incluyeron legajos profesionales totalmente incompletos y médicos atendiendo sin sus respectivas matrículas habilitantes. Además, se constataron intolerables demoras de hasta 21 días para conseguir turnos en especialidades críticas.
El hallazgo más insólito dentro de esta clínica fue un sistema que asignaba turnos médicos cada un minuto bajo la modalidad de orden de llegada. Los auditores confirmaron que existían miles de estudios transmitidos sin ningún respaldo documental ni firmas profesionales obligatorias.
Esta conducta fraudulenta configura, según los equipos legales, una flagrante violación a la Ley de Derechos del Paciente. El organismo nacional detectó historias clínicas sin firmas ni sellos que avalaran la efectiva atención a los jubilados.
El segundo expediente judicial de relevancia involucra directamente al médico chaqueño identificado con las iniciales J.C., prestador de la delegación provincial. El profesional de la salud sufrió la rescisión inmediata de su contrato prestacional tras ser inspeccionado.
Las áreas técnicas de la obra social detectaron graves inconsistencias médicas y administrativas en sus facturaciones mensuales presentadas. El imputado no logró revertir las serias acusaciones y ahora enfrenta una causa penal en el Ministerio Público.
Esta ofensiva oficial forma parte de un plan de fiscalización permanente iniciado a finales del año pasado en la administración pública. En noviembre de 2025, el PAMI ya había denunciado una estafa multimillonaria con órdenes electrónicas falsas.
Aquel entramado delictivo inicial dio origen a un total de seis causas penales activas en distintas jurisdicciones del país. La Unidad Fiscal de Investigación del PAMI interviene en el rastreo del uso indebido de datos personales de los afiliados.
En febrero de este año, los controles informáticos arrojaron datos llamativos, como un centro que declaró 283 prácticas cardiológicas en cinco horas. Las autoridades descubrieron que el lugar contaba con solo dos quirófanos disponibles para semejante volumen.
Otro caso de extrema gravedad registró 689 órdenes electrónicas en un solo día, emitidas para más de trescientos pacientes distintos. Los especialistas calcularon que esa facturación hubiese requerido una jornada laboral continua de hasta cien horas.
Para frenar de forma definitiva estos desvíos económicos, el Gobierno nacional reforzó los umbrales de control digital en los sistemas informáticos. En este marco de transparencia, se designó a María Florencia Zicavo como Síndico General del Instituto.
Las autoridades nacionales reiteraron que los recursos del Estado deben estar estrictamente al servicio de la salud de los jubilados. La supervisión centralizada continuará para bloquear cualquier intento de defraudación económica futura en las provincias.
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