La mina de níquel Fénix reanudó operaciones en Guatemala tras cambiar su matriz a Estados Unidos, superando sanciones por corrupción. El reinicio de exportaciones desató protestas de comunidades mayas, que denuncian despojo territorial y falta de consulta ambiental.
El complejo extractivo de Izabal ha retomado sus actividades industriales y comerciales luego de superar un extenso período de inactividad originado por penalizaciones financieras internacionales y severos cuestionamientos de gobernanza. Las operaciones en el yacimiento, considerado uno de los reservorios a cielo abierto más importantes de la región centroamericana, se normalizaron a partir de una profunda reingeniería societaria que implicó el cambio de denominación de sus filiales operativas y el traspaso de los activos —antes vinculados al consorcio de capitales suizo-rusos Solway Investment Group— hacia una nueva firma constituida en la plaza financiera de Nueva York. Esta maniobra legal posibilitó la restitución de los permisos de comercialización exterior por parte del Ministerio de Energía y Minas guatemalteco, viabilizando el reciente despacho de un cuantioso cargamento de ferroníquel hacia los mercados asiáticos y delineando un plan de inversión de 85 millones de dólares para consolidar la plena capacidad de procesamiento durante el presente ciclo de 2026.
La parálisis previa de las instalaciones se había desencadenado a raíz de minuciosas investigaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense, que en su momento dictaminó bloqueos contra altos ejecutivos del proyecto tras detectar complejos esquemas de prevaricato y flujos de dinero ilícito orientados a cooptar voluntades dentro del Poder Judicial, las fuerzas de seguridad y el propio ámbito de la presidencia de la república durante la administración anterior. Adicionalmente, el consorcio arrastraba fallos de la Corte de Constitucionalidad local que exigían la interrupción de las excavaciones debido a la omisión de los mecanismos de consulta previa, libre e informada estipulados por los tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, una garantía jurídica que resguarda la autodeterminación y la posesión de los suelos por parte de las poblaciones originarias y que, según denuncias actuales, ha vuelto a ser eludida en este nuevo proceso de reapertura.
El reinicio de la actividad industrial ha reinstaurado un clima de extrema tensión en el departamento nororiental, donde las autoridades tradicionales y los colectivos de la etnia maya q’eqchi’ se declararon en estado de alerta ante el temor de una nueva escalada de violencia territorial y degradación ecológica en las cuencas hídricas de la zona. Los referentes comunitarios manifestaron un profundo descontento con la actual administración gubernamental del presidente Bernardo Arévalo, atribuyéndole una marcada debilidad institucional para confrontar los intereses de las corporaciones transnacionales que promueven el despojo de los recursos nativos sin generar un desarrollo genuino para la población local. Ante este escenario de desprotección estatal y recordando los cruentos operativos de represión y los estados de sitio ejecutados en el pasado, las dirigencias indígenas advirtieron sobre la inminencia de nuevas movilizaciones y bloqueos viales si el Estado no interviene para garantizar los derechos constitucionales de las comunidades afectadas.
El consorcio Jan De Nul-Servimagnus se perfila para adjudicarse la Hidrovía por 25 años tras liderar la etapa técnica. Su propuesta descarta financiamiento chino, adopta tecnología estadounidense, reduce los costos de peaje y entrega el control de datos al Estado.
La ministra Sandra Pettovello desarrolla una agenda educativa en Italia, donde prevé saludar al Papa León XIV en una cumbre de ministros. La funcionaria buscará ratificar el interés del Gobierno argentino por concretar la visita papal a Sudamérica a fin de año.
El holding de José Luis Manzano se expande globalmente tras adjudicarse un canal de televisión abierta en España. El grupo diversifica sus inversiones mediante la adquisición de Telefe y firmas de telecomunicaciones andinas, mientras busca posicionarse ante las privatizaciones en Argentina.
Los colegios de la UBA reconfiguran sus protestas por el financiamiento educativo: el Carlos Pellegrini extendió su toma edilicia, mientras el Nacional de Buenos Aires pautó una tregua temporal. La tensión confluye con un paro universitario convocado para este viernes.
El Gobierno solicitó retirar el pliego judicial de María Verónica Michelli tras revelarse en La Nación su parentesco con un periodista de investigación. En contrapartida, habilitó los pliegos de dos magistrados vinculados a la cúpula de la AFA.
Pagni expone que, ante la falta de una oposición competitiva, la Justicia asume ese rol limitando a Milei. El FMI advierte sobre la corrupción y la debilidad institucional del Gobierno, mientras Adorni tambalea judicialmente por enriquecimiento ilícito.
Tras activarse la Alerta Sofía en Córdoba por la desaparición de Agostina Vega, fue detenido Claudio Barrelier, allegado a la madre. Imputado por privación ilegítima de la libertad, el sospechoso incurrió en contradicciones tras verse con la menor el sábado.
Un fallo judicial en Córdoba determinó que una joven falleció por trombocitopenia trombótica inducida por la vacuna Sputnik V. Este raro síndrome hematológico reduce las plaquetas y genera coágulos graves, requiriendo un diagnóstico temprano ante síntomas como cefaleas e hinchazón.
