El presidente Javier Milei fue denunciado penalmente este viernes en los tribunales federales de Comodoro Py. La presentación judicial se originó luego de que trascendiera que el Poder Ejecutivo ordenó retirar del Senado el pliego de una candidata a jueza federal por sus lazos de parentesco.
• LA ACUSACIÓN PRINCIPAL: Los denunciantes sostienen que la postulación de María Verónica Michelli fue frenada de manera arbitraria por el único hecho de ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien investigó al oficialismo. • CORTOCIRCUITO JUDICIAL: La causa penal por presunto abuso de autoridad quedó radicada en el Juzgado Federal N° 6, subrogado por el juez Daniel Rafecas, con la intervención institucional del fiscal Guillermo Marijuan.
La denuncia fue interpuesta formalmente por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, miembros activos de la agrupación política Reset Republicano. El escrito judicial argumenta que el Estado bloqueó el acceso a un cargo público no por falta de idoneidad, sino como una medida de represalia ideológica.
Los fundamentos de la presentación por abuso de autoridad
De acuerdo con el texto de la presentación, la doctora Michelli contaba con todos los antecedentes profesionales y académicos necesarios para ocupar una silla en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata. El pliego ya había reunido los avales correspondientes en la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta antes de la orden del Ejecutivo.
“El Estado Nacional habría impedido el acceso de una persona a un cargo público no por su conducta o aptitud, sino por mantener un vínculo de parentesco con un periodista crítico”, señalaron los denunciantes. Los letrados compararon la medida oficial con prácticas ancestrales de castigo por lazos de sangre, las cuales se encuentran totalmente prohibidas por la Constitución Nacional.
El trasfondo del conflicto normativo radica en las recurrentes columnas periodísticas publicadas por Alconada Mon en el diario LA NACION, las cuales rozaron de forma directa las estructuras de poder de la gestión libertaria y abrieron fuertes debates públicos sobre la transparencia gubernamental.
Las investigaciones periodísticas que irritaron al oficialismo
El cronista judicial llevó adelante rigurosos seguimientos sobre expedientes de alta sensibilidad política y económica. Entre ellos se destaca el caso $LIBRA, una criptomoneda promocionada originalmente por el Presidente en sus plataformas digitales que terminó bajo una seria investigación judicial por presunta estafa financiera masiva.
Asimismo, las publicaciones del periodista hicieron foco en las declaraciones juradas y las evoluciones patrimoniales del actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como así también en los bienes declarados por el propio jefe de Estado. Estas auditorías de prensa generaron un fuerte malestar en el seno de la administración central.
La comitiva denunciante remarcó que el Poder Ejecutivo solicitó la devolución de la carpeta de la magistrada sin ofrecer ningún tipo de explicación pública ni dictamen técnico que justificara la marcha atrás, lo que configuraría una desviación de poder y una flagrante violación de los deberes de funcionario público.
El recorrido legislativo del pliego y las firmas del veto
María Verónica Michelli había sido seleccionada originalmente por el Consejo de la Magistratura para integrar las ternas del concurso 366, diseñado para cubrir seis vacantes estratégicas, cuyas carpetas fueron remitidas formalmente al Poder Ejecutivo Nacional en diciembre del año 2020.
A pesar de tener los votos afirmativos en el Senado, la postulación nunca llegó a convertirse en un dictamen definitivo. El trámite parlamentario se encontraba bajo la órbita de la Comisión de Acuerdos, presidida por el senador riojano de La Libertad Avanza, Juan Carlos Pagotto.
La nota oficial enviada al Congreso para sepultar las aspiraciones de la magistrada lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques. Fuentes de los tribunales platenses señalaron que el funcionario de Justicia responde de manera directa a las directivas de la hermana presidencial y secretaria general, Karina Milei.