El colectivo Ni Una Menos Córdoba reclamó la destitución del ministro de Seguridad y un jury contra el fiscal Raúl Garzón por presuntas fallas en la búsqueda de la menor de 14 años. Convocaron a una marcha nacional este miércoles 3 de junio.
El colectivo Ni Una Menos Córdoba reclamó la destitución del ministro de Seguridad y un jury contra el fiscal Raúl Garzón por presuntas fallas en la búsqueda de la menor de 14 años. Convocaron a una marcha nacional este miércoles 3 de junio.
El colectivo Ni Una Menos de Córdoba brindó una conferencia de prensa en la Legislatura provincial para exigir profundos cambios institucionales tras el femicidio de Agostina Vega. Las organizaciones sociales criticaron con dureza el desempeño del Poder Ejecutivo y la Justicia local durante todo el operativo de rastreo de la adolescente.
Los tres reclamos centrales de la multisectorial cordobesa:
Pedido formal de jury de enjuiciamiento contra el fiscal de instrucción Raúl Garzón.
Destitución inmediata del ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.
Remoción del concejal Ricardo Moreno por vínculos previos con el principal acusado.
Durante la presentación, referentes políticas afirmaron que se ignoraron los protocolos de búsqueda inmediata obligatorios para casos de desaparición de menores de edad. Las agrupaciones denunciaron la falta de activación del Alerta Sofía de manera temprana, lo que habría dilatado severamente el hallazgo de la joven.
La legisladora provincial Noelia Agüero puso formalmente su banca legislativa a disposición para canalizar los pedidos de destitución en la Unicameral cordobesa. Desde el sector de izquierda apuntaron también contra el gobernador Martín Llaryora como el máximo responsable político de las deficiencias de resguardo actuales.
El colectivo extendió sus críticas hacia la figura de Iván Rodríguez, exfiscal que otorgó la libertad condicional a Claudio Barrelier en un expediente penal previo. Aseguraron que la falta de un seguimiento riguroso otorgó un manto de impunidad que facilitó la reincidencia violenta del único imputado de la causa.
Asimismo, la moción contra el concejal Ricardo Moreno responde a su desempeño técnico como abogado defensor de Barrelier en denuncias anteriores por violencia de género. La multisectorial consideró inaceptable que funcionarios con esos antecedentes ocupen cargos de representación pública en el Concejo Deliberante de la ciudad.
En la misma línea, las dirigentes cuestionaron las estadísticas oficiales sobre violencia de género difundidas por los ministerios del Estado. Aseguraron que muchos crímenes graves son catalogados judicialmente como homicidios simples, ocultando de manera deliberada el verdadero crecimiento de los índices de violencia sistémica.
La movilización nacional del próximo miércoles 3 de junio de 2026 marcará el epicentro del reclamo federal en las calles de las principales capitales del país. En la ciudad de Córdoba, la concentración principal comenzará a las 18 horas en la histórica esquina de las avenidas Colón y Cañada.
Los organizadores confirmaron que la columna de manifestantes se desplazará hacia la intersección de San Juan y Vélez Sarsfield para el cierre del acto. En ese punto estratégico, se realizará la lectura de un documento unificado redactado por las familias de las víctimas y las asambleas.
El colectivo multisectorial aprovechó la jornada para reclamar la intensificación de las tareas de búsqueda de la joven Delicia Mamani. La estudiante del tradicional colegio Carbó permanece desaparecida desde hace seis meses, en un caso que genera profunda preocupación e incertidumbre en la comunidad educativa local.
Las referentes informaron que esta causa pasó recientemente al fuero de la Justicia federal bajo la hipótesis del delito complejo de trata de personas. Consideraron esta derivación como un triunfo de la movilización popular, aunque advirtieron que la familia sufrió graves maltratos burocráticos iniciales.
Las denunciantes afirmaron que las comisarías locales se negaron a tomar la denuncia formal durante los primeros de diez días de la desaparición de Delicia. Atribuyeron este retraso sistemático a una manifiesta discriminación de clase y género por parte de los agentes policiales encargados de la seguridad barrial.
Lo hizo a través de una carta dirigida al Ministerio de Economía, en la cual también solicitó “el mismo trato que agroexportadoras, petroleras y mineras”.
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