Sanatorios de cuatro provincias suspenderán la atención de guardias a afiliados de PAMI desde este miércoles. Las cámaras nacionales denuncian un atraso arancelario del 102%, mientras que el organismo oficial atribuye la crisis a un estrés financiero.
La atención médica de los afiliados del PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) ingresó en una etapa de alta complejidad. Organizaciones empresariales y centros de salud de todo el país alertaron sobre dificultades financieras que comprometen la continuidad de los servicios.
En el plano regional, sanatorios de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut anunciaron que restringirán las consultas de guardia a partir de este miércoles, garantizando únicamente las emergencias de gravedad.
El conflicto responde a factores económicos y administrativos particulares. Las entidades representativas del sector privado señalaron que los aranceles médicos vigentes registran un retraso del 102% en comparación con los costos actuales de la medicina.
Frente a este escenario, la obra social otorgará incrementos del 1,9% para junio y otro 1,9% para julio de 2026. Dichas actualizaciones se liquidarán formalmente durante los meses de agosto y septiembre, situación que los prestadores consideran insuficiente ante el ritmo de la inflación sectorial.
Las clínicas del sur argentino, donde residen cerca de 300.000 beneficiarios, argumentaron que la brecha económica se volvió insostenible. El gerente del Sanatorio Juan XXIII, Andrés Sabalette, explicó que desde diciembre de 2023 los valores se ajustaron un 130%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) superó el 300% en el mismo lapso.
El directivo ejemplificó las dificultades mediante el pago por módulos, detallando que el valor asignado a una guardia es de $70.000, cifra que debe cubrir honorarios, materiales, laboratorios, radiografías y medicamentos, superando los costos directos del servicio.
El documento emitido a nivel federal cuenta con el respaldo de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (ADECRA), la Cámara de Entidades de Prestadores de Salud (CAPRESS), la Asociación de Clínicas y Sanatorios de la República Argentina (ACAMI), la Federación de Clínicas de la Provincia de Buenos Aires (FECLIBA), Salud Federal y la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (CONFECLISA).
Las firmas comerciales advirtieron que la crisis sanitaria posee carácter sistémico, debido a que el sector privado concentra más de la mitad de las camas de internación disponibles en el territorio nacional.
Por otra parte, la crisis abarca dimensiones sociolaborales internas. El Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados del PAMI (SUTEPA) denunció una pérdida del poder adquisitivo del personal y vinculó el escenario a variables macroeconómicas como la quita del impuesto PAIS y la menor recaudación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Asimismo, el sector gremial recordó las medidas de fuerza ocurridas en abril, cuando los médicos de cabecera realizaron un paro de 72 horas en reclamo de modificaciones en sus condiciones laborales.
Las autoridades del organismo reconocieron la existencia de tensiones financieras, pero descartaron una parálisis del sistema de asistencia. El director de la obra social, Esteban Leguízamo, manifestó que las dificultades responden a un proceso de reordenamiento institucional motivado por el incremento de la expectativa de vida de la población, lo cual genera mayores erogaciones en tratamientos de patologías crónicas y medicamentos de alta complejidad.
Paralelamente, fuentes institucionales del PAMI confirmaron que se analizarán las demandas presentadas por los efectores privados y se mantendrán los canales de negociación abiertos con el propósito de alcanzar un acuerdo previsible en el corto plazo. Los funcionarios recordaron que la región patagónica dispone históricamente de un nomenclador arancelario más elevado que el resto de las jurisdicciones del país.
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