En Texas, la policía local y los magistrados recuperaron la facultad de detener y expulsar migrantes, luego de que un tribunal federal de apelaciones levantara la suspensión que pesaba sobre cuatro disposiciones clave de la ley SB 4.
En Texas, la policía local y los magistrados recuperaron la facultad de detener y expulsar migrantes, luego de que un tribunal federal de apelaciones levantara la suspensión que pesaba sobre cuatro disposiciones clave de la ley SB 4.
Un panel del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, autorizó la aplicación integral de la ley de inmigración SB 4 en Texas. La decisión judicial, tomada mediante una votación de dos a uno, dejó sin efecto la medida cautelar que el juez federal de distrito David Ezra emitió el 14 de mayo.
Con esta resolución, las agencias policiales estatales y locales recibieron la facultad de arrestar y deportar a individuos bajo sospecha de haber cruzado de manera irregular la frontera entre Estados Unidos y México.
La reactivación de la normativa de 2023 faculta la ejecución de cuatro secciones críticas que permanecían suspendidas. Destaca la creación de un delito estatal por reingreso ilegal aplicable a cualquier persona, aun si cuenta con permisos federales o una tarjeta de residencia permanente.
Asimismo, concede a los jueces de paz de Texas la atribución de dictar órdenes de deportación y penaliza el incumplimiento de estos mandatos. Finalmente, la ley exige a los magistrados continuar con las causas judiciales estatales, incluso si el indocumentado posee solicitudes de asilo en trámite ante las autoridades federales.
El gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, celebró el dictamen mediante un comunicado en plataformas digitales, donde manifestó que continuará la batalla legal junto al presidente Donald Trump para resguardar el territorio.
Paralelamente, la oficina del fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien impulsó el recurso de apelación, declinó emitir comentarios inmediatos sobre la resolución. La jueza de apelaciones Leslie Southwick manifestó una postura disidente al consignar su voto en contra de suspender el bloqueo previo.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellas la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, interpusieron la demanda colectiva tras la desestimación de un juicio previo.
El mes pasado, el pleno del Quinto Circuito resolvió por diez votos a siete que los demandantes anteriores carecían de legitimación activa. Los activistas afirmaron que la SB 4 convertirá el andamiaje legal en una herramienta inconstitucional encaminada a vigilar y perjudicar a los ciudadanos debido a su apariencia o estatus percibido.
El debate sobre las competencias constitucionales persiste en los tribunales tejanos. El juez David Alan Ezra sostuvo en su dictamen escrito que resulta inverosímil imaginar que cada uno de los cincuenta estados posea una política migratoria propia que debilite el poder de la federación.
No obstante, representantes de la fiscalía general sostuvieron que la provincia ostenta un derecho soberano de defensa frente a lo que calificaron como una invasión en la frontera, pese a que el Departamento de Seguridad Pública reconoció que el flujo de personas disminuyó considerablemente.
El escenario abre un panorama complejo para la convivencia institucional de los cuerpos de seguridad locales, que ya colaboran con las agencias federales mediante convenios como el programa 287(g). ¿Marcará esta resolución un precedente definitivo en la descentralización de las políticas de seguridad nacional o resolverán las cortes superiores el restablecimiento del monopolio federal sobre las fronteras?
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Detuvieron en Escobar a un hombre de 41 años acusado de asesinar a balazos a la pareja de su exmujer en Manuel Alberti. El implicado, localizado tras estar prófugo, tenía antecedentes penales y una restricción perimetral vigente.
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En Texas, la policía local y los magistrados recuperaron la facultad de detener y expulsar migrantes, luego de que un tribunal federal de apelaciones levantara la suspensión que pesaba sobre cuatro disposiciones clave de la ley SB 4.
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