El Ministerio de Economía enviará al Congreso una reforma para flexibilizar el régimen actual. Ante la baja adhesión, se eliminarán topes de facturación y patrimonio, buscando dar mayor seguridad jurídica y movilizar más de 218.000 millones de dólares fuera del sistema.
El Palacio de Hacienda ultima los detalles de un nuevo proyecto legislativo que buscará modificar la Ley de Inocencia Fiscal. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que la iniciativa ingresará al Congreso en los próximos días con el objetivo de ampliar el alcance del régimen y captar las divisas que se encuentran fuera del sistema bancario nacional.
El dato clave: Según estimaciones oficiales del Indec, hacia finales del año pasado existían más de US$ 218.200 millones guardados “bajo el colchón” en el país, un volumen de divisas que el oficialismo busca reactivar de manera urgente.
La decisión de reformar la norma surge tras reconocer que la adhesión inicial no cumplió las expectativas deseadas por el Poder Ejecutivo. Frente a este escenario adverso, las autoridades económicas mantuvieron reuniones clave con tributaristas y contadores del sector privado para diagnosticar con precisión las trabas que frenan el ingreso de nuevos contribuyentes.
Entre las principales modificaciones que incluirá el articulado definitivo se destaca la eliminación de los topes máximos vigentes para incorporarse al beneficio legal. Actualmente, el sistema restringe el acceso a quienes superen los $1.000 millones de ingresos brutos anuales o registren un patrimonio total por encima de los $10.000 millones calculados.
Asimismo, el nuevo esquema contempla la incorporación de los grandes contribuyentes al universo de beneficiarios habilitados formalmente. Esta medida de apertura alcanzará a las firmas remanentes tras la depuración del padrón realizada por ARCA, la cual redujo el listado de corporaciones bajo control estricto a un universo de apenas 1.500 empresas activas.
Desde el Ministerio de Economía insistieron en que el proyecto no debe tipificarse como un blanqueo tradicional, sino como una herramienta para revertir la presunción de culpabilidad fiscal. Los funcionarios del palacio económico buscan que los ahorristas canalicen sus fondos hacia la inversión productiva, generando así un círculo virtuoso de crecimiento macroeconómico.
El texto que se enviará al Parlamento también pretende resolver las dudas técnicas planteadas de manera recurrentes por los asesores fiscales independientes. Una de las demandas centrales de los representantes del sector privado apuntaba directamente a la falta de seguridad jurídica estable de cara a los eventuales cambios de signo político.
Para brindar mayores garantías a los inversores, los equipos legales del Gobierno corregirán conceptos sensibles como el de “saldo a favor del fisco”, el cual pasará a denominarse “impuesto determinado”. Esta sustitución técnica y legal busca otorgar mucha mayor precisión técnica en el cobro de obligaciones y la liquidación de multas pendientes.
Otro eje de debate central que saldará la nueva legislación es el criterio de “discrepancia significativa” en las declaraciones juradas comerciales. El proyecto establecerá con exactitud si se mantendrá el margen de diferencia del 15% entre lo declarado originalmente por el contribuyente y lo efectivamente detectado por los inspectores del fisco.
De acuerdo con los registros actuales provistos por la agencia de recaudación, el mecanismo que cumplió un año de vigencia ya cuenta con 80.000 adherentes. A pesar de que el nivel de inscripción general se duplicó durante las últimas tres semanas, la mayoría de los usuarios registrados aún no formalizó la presentación de sus declaraciones finales.
Como muestra de flexibilidad previa a la reforma legislativa, el Poder Ejecutivo ya había concedido una prórroga en el Régimen Simplificado de Ganancias. La fecha límite de presentación general se extendió hasta el próximo 27 de julio, respondiendo de forma inmediata a los reclamos corporativos y profesionales de los principales consejos económicos del país.
El debate ahora se traslada directamente al ámbito de los especialistas, quienes evalúan si estos nuevos incentivos serán suficientes para consolidar la confianza a largo plazo. Algunos analistas advierten con cautela sobre el riesgo latente de beneficiar de manera indirecta a sectores bajo sospecha de delitos graves enmarcados en el régimen penal tributario vigente.
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