Luis Caputo y Ricardo Quintela protagonizaron un duro enfrentamiento tras la advertencia del gobernador riojano de investigar a la actual gestión peronista en 2027, desatando acusaciones cruzadas por el uso de fondos públicos y la adhesión al RIGI.
Luis Caputo y Ricardo Quintela protagonizaron un duro enfrentamiento tras la advertencia del gobernador riojano de investigar a la actual gestión peronista en 2027, desatando acusaciones cruzadas por el uso de fondos públicos y la adhesión al RIGI.
El cruce de declaraciones comenzó luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmara en un foro empresarial que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, carecía de posibilidades presidenciales para 2027. Ante estas expresiones, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, advirtió en declaraciones periodísticas que los sectores opositores investigarán la administración de Javier Milei al concluir su mandato y recomendó cautela a los inversores extranjeros.
La respuesta del titular del Palacio de Hacienda se canalizó a través de la red social X, donde calificó al mandatario provincial de “matón de barrio” y le atribuyó la responsabilidad del deterioro financiero de su distrito.
Asimismo, el funcionario nacional argumentó que la negativa de la administración riojana a adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) priva a los ciudadanos locales de acceder a nuevos puestos de empleo y mejoras salariales.
Paralelamente, el jefe provincial justificó el rechazo al RIGI tras calificar el proyecto como una entrega absoluta de los recursos naturales del país hacia intereses concentrados.
El dirigente justicialista señaló que las provincias vecinas de San Juan y Catamarca optaron por integrar el esquema normativo debido a sus proyectos mineros de hasta 2.000 millones de dólares, pero ratificó que La Rioja mantendrá su postura para evitar que las regalías locales queden reducidas al mínimo.
Respecto de la realidad socioeconómica, el gobernador riojano detalló que la provincia destina 1.200 millones de pesos mensuales al sistema de salud pública sin recibir las partidas correspondientes por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
Frente a la contracción industrial y la pérdida de puestos de trabajo, el mandatario confirmó la reimplementación de los bonos de cancelación de deudas, conocidos como “chachos”, con el objetivo de contener la pérdida del poder adquisitivo de los salarios estatales.
Por otra parte, la controversia sumó un capítulo histórico cuando el ministro de Economía recordó las acusaciones que vincularon a su entorno familiar con el intento de magnicidio contra la expresidenta Cristina Kirchner en 2022.
La defensa de la firma Caputo Hermanos había reconocido en sede judicial la contratación de servicios de carpintería a Jonathan Morel, referente de la agrupación Revolución Federal, aunque rechazó cualquier tipo de financiamiento hacia actividades delictivas.
Aquella causa penal, tramitada en los tribunales federales, mantuvo a Morel detenido transitoriamente bajo el cargo de incitación a la violencia colectiva, sin que se consolidaran pruebas de vinculación directa con el atentado del 1 de septiembre de 2022.
Los recurrentes desacuerdos entre el Palacio de Hacienda y las administraciones provinciales replantean el debate sobre la distribución de la coparticipación y los límites de la presión fiscal en el armado federal de la Argentina.
Resta determinar si la emisión de herramientas financieras locales logrará paliar la escasez de giros de la Casa Rosada o si profundizará el aislamiento económico de los distritos opositores.
Argentina reportó 4060 muertes viales, con un marcado contraste regional: el norte registró las tasas de mortalidad más altas debido al uso riesgoso de motos, mientras que la Ciudad de Buenos Aires logró el índice más bajo gracias al cumplimiento del casco.
El fiscal Ramiro González imputó a la cúpula actual y anterior del ORSNA por presunto enriquecimiento ilícito y cobro de coimas del 10% en obras aeroportuarias. La investigación judicial comenzó tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.
El exsenador Esteban Bullrich calificó de “corrupto” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras admitir que ocultó medio millón de dólares en criptomonedas. Bullrich usó las redes para distanciarse del oficialismo y criticar la justificación patrimonial del funcionario.
Jacquelin expone el escándalo de Adorni, quien admitió omitir bienes en su declaración jurada, contradiciendo su discurso moral. Mientras los hermanos Milei lo blindan ante la inminente interpelación opositora, Bullrich criticó públicamente lo que consideró una “omisión ética”.
Domingo Cavallo elogió la flexibilización burocrática del mercado de capitales presentada por Federico Sturzenegger, pero le reclamó eliminar por completo el cepo cambiario. El exministro advirtió que liberar los capitales es indispensable para consolidar el sistema bimonetario y evitar devaluaciones.
La Legislatura de Santa Cruz aprobó restituir a Eduardo Sosa como jefe de fiscales, revirtiendo su destitución de 1995 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. El gobernador Claudio Vidal celebró la medida como una reparación histórica ante fallos incumplidos.
La Corte Suprema ratificó la condena a cuatro años de prisión para el empresario Juan Carlos Lascurain por malversar fondos destinados a una ruta en Santa Cruz. La fiscalía solicitó su inmediata detención tras quedar firme el fallo por peculado.
El PRO criticó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus contradicciones ante la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El partido exigió transparencia para cuidar el cambio y sus senadores reclamaron que el funcionario rinda cuentas en el Congreso.
