El diseñador Pablo Cánepa, de treinta y nueve años, accedió a la eutanasia en Uruguay tras padecer una parálisis irreversible causada por una ataxia idiopática. Su caso es el segundo bajo la nueva ley de muerte digna que él mismo impulsó.
El diseñador Pablo Cánepa, de treinta y nueve años, accedió a la eutanasia en Uruguay tras padecer una parálisis irreversible causada por una ataxia idiopática. Su caso es el segundo bajo la nueva ley de muerte digna que él mismo impulsó.
Un ciudadano rioplatense de treinta y nueve años, aquejado por una patología neurológica degenerativa de origen desconocido y carácter incurable, accedió al procedimiento de eutanasia asistida en la capital uruguaya tras un prolongado periodo de postración absoluta. Pablo Cánepa, quien se transformó en uno de los rostros públicos más visibles de la campaña civil en favor de los derechos de los pacientes terminales, completó su proceso de despedida rodeado por su entorno íntimo. Su deceso se inscribe como la segunda aplicación efectiva de la normativa sanitaria nacional aprobada a finales del año pasado, pocas semanas después de que una paciente afectada por un cuadro oncológico avanzado inaugurara de manera formal el uso de este recurso asistencial en el sistema de salud pública del país vecino.
El diagnóstico que confinó al joven a una inmovilidad total en un lapso de escasos meses fue tipificado como ataxia cerebelosa idiopática, una dolencia que ataca de forma irreversible las neuronas motrices sin alterar las facultades cognitivas o la lucidez mental del individuo. Pese a haber recurrido a consultas en centros de alta complejidad neurológica en el exterior y a diversos tratamientos experimentales de inmunología y medicina alternativa, los análisis moleculares no arrojaron respuestas concluyentes, consolidando un cuadro de parálisis que privó al diseñador de sus capacidades expresivas y laborales. Ante la falta de expectativas de recuperación y el progresivo menoscabo de su autonomía personal, el paciente y su núcleo familiar directo asumieron una activa participación en los debates parlamentarios que derivaron en la promulgación del marco regulatorio sobre muerte digna.
El andamiaje legal que posibilitó esta intervención médica entró en plena vigencia operativa durante el primer semestre del presente año civil, luego de que el Poder Ejecutivo uruguayo rubricara los decretos reglamentarios correspondientes, situando a esa nación como el tercer estado de la región en convalidar la interrupción voluntaria de la vida bajo estrictos protocolos de objeción de conciencia y evaluación bioética. Quienes acompañaron al paciente en su tramo final destacaron que la resolución se ejecutó bajo los principios de autodeterminación y dignidad que rigieron su existencia anterior, clausurando de forma pacífica una prolongada etapa de sufrimiento institucionalizado y sentando un precedente de relevancia para la jurisprudencia médica y los derechos sanitarios en el ámbito latinoamericano.
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