El gobierno reglamentó la reforma laboral, limitando la vigencia automática de los convenios colectivos y forzando su renegociación en un año. La CGT denunció la medida ante la OIT por considerar que vulnera la libertad sindical e impone topes salariales.
La reglamentación de las modificaciones laborales aprobadas meses atrás por el Parlamento introdujo un drástico giro en el sistema de contratación colectiva de la República Argentina al deponer los principios de vigencia automática indefinida. Mediante un nuevo decreto emanado del Ejecutivo nacional conducido por Javier Milei, se fijó una ventana temporal de doce meses para que la totalidad de los núcleos fabriles, sectores corporativos y organizaciones sindicales se vean obligados a discutir nuevamente las reglas del mercado laboral. El dictamen faculta a la Secretaría de Trabajo a declarar extinguidos aquellos convenios cuya fecha de caducidad original se encuentre superada, estableciendo además el último día de diciembre del presente período anual como límite de referencia para las actas que carezcan de plazos explícitos de finalización.
Esta reconfiguración regulatoria motivó el rechazo inmediato de las cúpulas obreras, cuyos representantes elevaron denuncias formales ante los tribunales internacionales de Ginebra, argumentando que la intromisión oficial vulnera las convenciones sobre libertad de asociación y potestades contractuales autónomas. El malestar sindical radica en que las facultades de homologación conferidas a la cartera de Julio Cordero operarán como un mecanismo de presión estatal para forzar modificaciones salariales y de categorización a la baja, restando peso a los beneficios históricos conquistados por los trabajadores. De igual forma, desde los despachos legales del gremialismo se advierte que la redacción del texto gubernamental excede el espíritu original de la ley sancionada por los legisladores, al extender la pérdida de vigencia no solo a los compromisos de aportes institucionales mutuos, sino también a las directrices operativas cotidianas que pautan las jornadas y los adicionales salariales.
Por su parte, los sectores vinculados a la administración de empresas ya comenzaron a registrar solicitudes formales de reapertura de mesas bilaterales basándose en las nuevas directivas del Boletín Oficial, augurando un panorama de elevada litigiosidad en las órbitas civil y judicial. El escenario se complejiza aún más con la imposición de restricciones financieras directas sobre los fondos de sostenimiento de las estructuras gremiales y patronales; el nuevo ordenamiento estipula topes porcentuales máximos del dos por ciento sobre los haberes de la plantilla para las denominadas retenciones solidarias obreras y una tasa sustancialmente menor para las contribuciones destinadas a las federaciones de empleadores. Estas últimas, además, se verán obligadas a acreditar niveles mínimos de afiliación de su personal para preservar el derecho a percibir aportes y mantener la personería requerida en las rondas de concertación de políticas productivas.
El fiscal Ramiro González imputó a la cúpula actual y anterior del ORSNA por presunto enriquecimiento ilícito y cobro de coimas del 10% en obras aeroportuarias. La investigación judicial comenzó tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.
El exsenador Esteban Bullrich calificó de “corrupto” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras admitir que ocultó medio millón de dólares en criptomonedas. Bullrich usó las redes para distanciarse del oficialismo y criticar la justificación patrimonial del funcionario.
Jacquelin expone el escándalo de Adorni, quien admitió omitir bienes en su declaración jurada, contradiciendo su discurso moral. Mientras los hermanos Milei lo blindan ante la inminente interpelación opositora, Bullrich criticó públicamente lo que consideró una “omisión ética”.
Domingo Cavallo elogió la flexibilización burocrática del mercado de capitales presentada por Federico Sturzenegger, pero le reclamó eliminar por completo el cepo cambiario. El exministro advirtió que liberar los capitales es indispensable para consolidar el sistema bimonetario y evitar devaluaciones.
La Legislatura de Santa Cruz aprobó restituir a Eduardo Sosa como jefe de fiscales, revirtiendo su destitución de 1995 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. El gobernador Claudio Vidal celebró la medida como una reparación histórica ante fallos incumplidos.
La Corte Suprema ratificó la condena a cuatro años de prisión para el empresario Juan Carlos Lascurain por malversar fondos destinados a una ruta en Santa Cruz. La fiscalía solicitó su inmediata detención tras quedar firme el fallo por peculado.
El PRO criticó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus contradicciones ante la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El partido exigió transparencia para cuidar el cambio y sus senadores reclamaron que el funcionario rinda cuentas en el Congreso.
El Banco Mundial redujo al 2,2% su previsión de crecimiento para Latinoamérica debido a la debilidad global y la crisis energética en Medio Oriente. El informe advierte sobre presiones inflacionarias, informalidad laboral y una recuperación paulatina hacia las próximas temporadas.
