Un edil de La Libertad Avanza acordó pagar un resarcimiento civil de $12 millones a una excompañera de trabajo tras ser filmado agrediéndola en una dependencia municipal. La justicia penal rechazó su sobreseimiento.
Un edil de La Libertad Avanza acordó pagar un resarcimiento civil de $12 millones a una excompañera de trabajo tras ser filmado agrediéndola en una dependencia municipal. La justicia penal rechazó su sobreseimiento.
Alberto Montes, actual concejal de San Isidro por la fuerza La Libertad Avanza, enfrentará un juicio oral en octubre próximo bajo la carátula de abuso sexual. El proceso avanzó en el fuero penal de forma paralela a un entendimiento económico en el ámbito civil, mediante el cual el funcionario se comprometió a abonar una indemnización de $12 millones a la víctima.
Los hechos acontecieron a fines de 2023, en horario de la madrugada, dentro de la base de la Dirección Municipal de Tránsito de Boulogne. En aquel período, Montes se desempeñaba como inspector del área, antes de asumir su banca legislativa en diciembre de ese mismo año.
Cámaras de seguridad de la repartición pública registraron el momento en que el implicado ingresó a una oficina y realizó un contacto físico sin consentimiento contra una trabajadora que se encontraba de espaldas. La damnificada rechazó la acción de inmediato mediante un golpe en el rostro y un empujón, para luego radicar la denuncia correspondiente.
Fuentes judiciales ratificaron que el pasado 14 de mayo se formalizó la firma del acuerdo civil entre las partes. El esquema de pago acordado consistió en un desembolso inicial de $3 millones, seguido por dos cuotas de $2 millones y cinco cuotas consecutivas de $1 millón cada una. Los términos del convenio trascendieron públicamente luego de que el juzgado competente intimara al edil debido a demoras en los pagos pautados.
Paralelamente, la defensa del acusado solicitó el sobreseimiento en la causa penal 6673, que tramita ante el Juzgado Correccional Número 5. La autoridad judicial desestimó el planteo y la resolución pasó a la Sala 2 tras un recurso de apelación, ratificando el inicio del debate oral para el décimo mes del año.
Consultado sobre el proceso, Montes remitió una declaración escrita donde minimizó el episodio al catalogarlo como un “intento de chiste”. Asimismo, el edil argumentó que la denuncia penal fue promovida y difundida por sectores políticos debido a su postulación electiva de aquel momento.
El escenario judicial generó repercusiones institucionales dentro del Concejo Deliberante de San Isidro. El bloque opositor Fuerza Patria impulsó iniciativas para lograr la remoción del funcionario, aunque la propuesta no prosperó debido a la distribución de las bancas. Actualmente, el oficialismo del intendente Ramón Lanús y sus aliados estratégicos concentran 14 de los 24 concejales del recinto.
Estefanía Rivadulla, concejal de la mencionada bancada opositora, cuestionó la falta de medidas institucionales ante el caso y señaló que la política no puede transformarse en un espacio de impunidad.
Paralelamente, miembros de la oposición manifestaron sospechas respecto al origen de los fondos utilizados para el resarcimiento, dado que la dieta neta de Montes asciende a $2 millones mensuales y la Ley Orgánica de las Municipalidades le impide ejercer otras actividades comerciales.
El desenlace de la situación institucional del concejal de San Isidro dependerá del dictamen definitivo en el fuero penal, mientras los sectores políticos locales debaten los límites éticos de la representación pública. ¿Logrará el cuerpo deliberativo alcanzar un consenso sobre la permanencia del funcionario antes de la sentencia judicial?
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