Daniel Passerini, intendente cordobés, reconoció el colapso de los controles estatales tras el crimen de Agostina Vega. El acusado trabajaba en el área de tránsito municipal y su ingreso costó la banca del concejal Ricardo Moreno.
Daniel Passerini, intendente cordobés, reconoció el colapso de los controles estatales tras el crimen de Agostina Vega. El acusado trabajaba en el área de tránsito municipal y su ingreso costó la banca del concejal Ricardo Moreno.

El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, reconoció fallas en los mecanismos de control de la administración local luego del femicidio de Agostina Vega, una adolescente de 14 años.
El principal sospechoso del crimen, Claudio Barrelier, se desempeñaba como empleado en el área de tránsito del municipio. En ese sentido, el mandatario local asumió la responsabilidad política por la situación y anunció modificaciones en el Estatuto del Empleado Municipal.
Además, el jefe comunal confirmó el envío de un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para endurecer los requisitos de permanencia en la planta estatal. La iniciativa legal establece que los trabajadores municipales deberán presentar un certificado de antecedentes penales cada seis meses, una exigencia que actualmente se realiza cada cuatro años.
Asimismo, la normativa implementará la obligatoriedad de exámenes de narcotest para la totalidad del personal. El intendente aclaró que la medida no posee un carácter discriminatorio y que se ofrecerán tratamientos de salud en los casos que se detecten problemas de consumo.
La incorporación del acusado a la estructura estatal generó repercusiones políticas dentro del cuerpo legislativo local. El exconcejal Ricardo Moreno, señalado por gestionar el ingreso de Barrelier al municipio y haber ejercido su defensa jurídica en una causa previa en 2025, abandonó su banca tras una serie de movimientos institucionales.
Ante la negativa inicial de Moreno para presentar su renuncia, el intendente solicitó el retorno al Concejo Deliberante del secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, Raúl La Cava, quien se encontraba bajo licencia y retomó sus funciones legislativas el jueves 4 de junio. Esta acción desplazó de forma automática a Moreno de su lugar en la legislatura, quien posteriormente formalizó su renuncia definitiva.

El mandatario municipal respondió también a los cuestionamientos de los sectores de la oposición y argumentó que la actual gestión redujo la planta permanente a 8.200 trabajadores, en comparación con los 11.000 existentes durante el período de Ramón Mestre en 2019. El intendente reveló que en los últimos años la comuna exoneró a 119 agentes, de los cuales 91 ingresaron entre 2003 y 2007.
A raíz de la visibilidad del caso, las plataformas digitales del Ejecutivo local registraron más de 200 mensajes con denuncias ciudadanas sobre empleados públicos que poseerían condenas o procesos judiciales abiertos. El jefe comunal aseguró que los datos aportados por los vecinos se encuentran bajo investigación administrativa para evaluar la situación de cada agente en sus respectivas dependencias.
El reordenamiento normativo y el desplazamiento de figuras políticas exponen la necesidad de revisar los criterios de contratación en el sector público. Las nuevas exigencias plantean un escenario donde la transparencia institucional y la idoneidad penal de los trabajadores estatales formarán parte de la agenda legislativa inmediata, abriendo el análisis sobre el alcance real de las herramientas de control del Estado frente a sus cuadros operativos.
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