Petro canceló la recolección de firmas para la reforma de la Carta Magna

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, canceló el proyecto de reforma constitucional tras la derrota del candidato oficialista Iván Cepeda en primera vuelta. El triunfo de la derecha radical de Abelardo de la Espriella sepultó la polémica iniciativa gubernamental.

Gustavo Petro, Presidente de Colombia. Foto NA

La administración central del país sudamericano dio marcha atrás en su controvertido proyecto de convocar a una convención legislativa extraordinaria, sepultando la iniciativa que pretendía modificar el texto constitucional vigente desde el siglo pasado. El primer mandatario saliente, Gustavo Petro, convalidó mediante sus perfiles digitales la suspensión definitiva del acopio de rúbricas ciudadanas, reconociendo de manera abierta que los recientes resultados de los comicios generales modificaron el mapa de voluntades e impiden viabilizar el llamado popular. Esta herramienta de democracia directa había sido activada por la coalición gobernante en el tramo final de su gestión con el propósito de sortear las constantes trabas parlamentarias a sus planes de redistribución de ingresos, desatando severas acusaciones de los bloques conservadores que percibían en la maniobra una velada intención de habilitar la permanencia indefinida en el poder.

La declinación del controvertido plan de reforma se produce inmediatamente después de que concluyera la jornada electoral inicial para la sucesión presidencial, donde el postulante de la facción izquierdista, el legislador Iván Cepeda, quedara relegado a una segunda posición frente al avance del aspirante de la derecha radical, Abelardo de la Espriella. El desenlace en las mesas de votación alteró las proyecciones del oficialismo de cara a la inminente ronda de desempate pautada para finales del corriente mes, un compromiso donde los sondeos de opinión de las principales consultoras otorgan una ventaja considerable al dirigente opositor en un marco de alta polarización ciudadana.

El auge de las corrientes de derecha coincide con un periodo de profunda preocupación social derivado del recrudecimiento de las acciones criminales en las regiones periféricas y el desborde de las cuentas fiscales atribuido a las políticas de gasto de la conducción saliente. En este contexto de vulnerabilidad económica y demandas de seguridad, el cese del debate constitucional representa un repliegue estratégico de las fuerzas gubernamentales, que optaron por priorizar la contención de su base electoral remanente ante la posibilidad de un cambio radical en la orientación ideológica de la Casa de Nariño para el próximo período gubernamental.

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