El megaproyecto Vicuña utilizará los beneficios aduaneros del RIGI para ingresar un campamento habitacional completo proveniente de Asia, desplazando a una oferta local por una mínima diferencia económica.
El megaproyecto Vicuña utilizará los beneficios aduaneros del RIGI para ingresar un campamento habitacional completo proveniente de Asia, desplazando a una oferta local por una mínima diferencia económica.
El proyecto de cobre más grande en la historia de la Argentina, el complejo Vicuña, ha generado un fuerte malestar en el sector empresarial tras adjudicar la construcción de su campamento habitacional —una ciudad con capacidad para 2.500 camas— a un consorcio liderado por la firma china PowerChina. La obra, valuada en USD 52 millones, fue adjudicada a los asiáticos por una diferencia de apenas USD 18 millones frente a la propuesta de la empresa argentina Modular Homes, que había cotizado el trabajo en USD 70 millones.
La decisión, que se apoya en los beneficios aduaneros del Régimen de Grandes Inversiones (RIGI), implica que la infraestructura llegará desde el extranjero para ser ensamblada en San Juan, lo que ha encendido las alarmas sobre la pérdida de una cadena de valor estratégica para el desarrollo regional. Según fuentes del sector, la gerenciadora del proyecto, Fluor, había recomendado inicialmente seleccionar a la firma local por su superioridad técnica.
Desde la minera, conformada por Lundin Mining y BHP, defendieron la elección argumentando que la propuesta ganadora fue la que mejor respondió a los requerimientos de seguridad, plazo y costo definidos para la infraestructura. Asimismo, la compañía subrayó que más del 95% de sus trabajadores en el país son argentinos y cerca del 73% de su planta directa proviene de San Juan. En el consorcio ganador, la única participación local será de la empresa santafesina RAFA S.A., encargada exclusivamente de la logística y el movimiento de suelos.
El impacto de esta importación ha sido cuestionado por el empresariado local. Juan Pablo Rudoni, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular Industrializada (CACMI), advirtió que la decisión implica perder una oportunidad estratégica que habría dinamizado a unas 50 empresas nacionales y generado al menos 150 empleos directos. Rudoni cuestionó además la durabilidad de los módulos importados frente a las extremas condiciones climáticas de la cordillera argentina, señalando que “cuando una obra de esta magnitud se ejecuta íntegramente con insumos importados, se pierde una oportunidad estratégica para el país”.
El megaproyecto Vicuña, con una inversión total estimada en USD 18.000 millones, es una de las apuestas más importantes del país y busca producir 400.000 toneladas de cobre anuales durante los próximos 25 años. Mientras el Gobierno nacional promueve el RIGI para atraer capitales, la industria local debate sobre la necesidad de equilibrar los beneficios fiscales con el desarrollo del empleo y la manufactura argentina.
Lo hizo a través de una carta dirigida al Ministerio de Economía, en la cual también solicitó “el mismo trato que agroexportadoras, petroleras y mineras”.
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