El Senado retoma el debate para designar jueces laborales entre tensiones por pliegos demorados que los gobernadores negociaban por leyes. La Comisión de Acuerdos evaluará siete candidatos, algunos cuestionados por la CGT o por vínculos con el periodismo.
El Senado de la Nación reactivará el debate en torno a los nombramientos de magistrados propuestos por la administración central, un proceso que vuelve a encender los debates internos entre las diferentes bancadas legislativas. La Comisión de Acuerdos dará inicio formal a las entrevistas de un grupo reducido de candidatos, compuesto en su mayoría por aspirantes a integrar los tribunales de la justicia laboral. Esta primera tanda representa un porcentaje menor del total de expedientes remitidos por la Casa Rosada en el último período, los cuales cuentan con el aval de la jefatura de Estado y de la cartera de Justicia, dejando el resto de las postulaciones en suspenso y sin un cronograma de tratamiento definido.
El retraso en el abordaje de la totalidad de las propuestas genera inquietud en los bloques de la oposición moderada y en las representaciones de los mandatarios provinciales, dado que muchas de las designaciones para juzgados y fiscalías federales del interior del país formaban parte de los entendimientos informales para viabilizar normativas estratégicas del Ejecutivo. En este escenario de desconfianza mutua, exacerbado por recientes desajustes en el voto oficialista y el bloqueo a pliegos previos, las autoridades del bloque gubernamental buscan coordinar encuentros con los jefes de las bancadas opositoras para delinear un temario que combine el tratamiento de la estructura judicial con iniciativas postergadas, tales como las modificaciones al sistema de elecciones primarias y las normativas referidas a la titularidad de bienes inmuebles.
Las audiencias programadas contemplan el análisis de perfiles específicos que despiertan interrogantes en el recinto por razones ajenas a la estricta idoneidad técnica. Entre los convocados se encuentran profesionales con vínculos familiares directos con miembros de medios de comunicación masivos, lo que suscita especulaciones sobre posibles impugnaciones políticas basadas en antecedentes recientes de rechazo institucional. Asimismo, se examinará la solicitud de un actual camarista que busca extender su permanencia en el cargo tras alcanzar el límite de edad estipulado por las normas fundamentales, una postulación que registra objeciones formales por parte de entidades sindicales debido a fallos recientes vinculados a la legislación laboral vigente.
El exsenador Esteban Bullrich calificó de “corrupto” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras admitir que ocultó medio millón de dólares en criptomonedas. Bullrich usó las redes para distanciarse del oficialismo y criticar la justificación patrimonial del funcionario.
Jacquelin expone el escándalo de Adorni, quien admitió omitir bienes en su declaración jurada, contradiciendo su discurso moral. Mientras los hermanos Milei lo blindan ante la inminente interpelación opositora, Bullrich criticó públicamente lo que consideró una “omisión ética”.
Domingo Cavallo elogió la flexibilización burocrática del mercado de capitales presentada por Federico Sturzenegger, pero le reclamó eliminar por completo el cepo cambiario. El exministro advirtió que liberar los capitales es indispensable para consolidar el sistema bimonetario y evitar devaluaciones.
La Legislatura de Santa Cruz aprobó restituir a Eduardo Sosa como jefe de fiscales, revirtiendo su destitución de 1995 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. El gobernador Claudio Vidal celebró la medida como una reparación histórica ante fallos incumplidos.
La Corte Suprema ratificó la condena a cuatro años de prisión para el empresario Juan Carlos Lascurain por malversar fondos destinados a una ruta en Santa Cruz. La fiscalía solicitó su inmediata detención tras quedar firme el fallo por peculado.
El PRO criticó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus contradicciones ante la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El partido exigió transparencia para cuidar el cambio y sus senadores reclamaron que el funcionario rinda cuentas en el Congreso.
El Banco Mundial redujo al 2,2% su previsión de crecimiento para Latinoamérica debido a la debilidad global y la crisis energética en Medio Oriente. El informe advierte sobre presiones inflacionarias, informalidad laboral y una recuperación paulatina hacia las próximas temporadas.
Estados Unidos sancionó a la petrolera estatal cubana CUPET, bloqueando sus operaciones financieras por acusaciones de control social y uso militar del crudo. Cuba rechazó la medida, calificándola de cerco económico basado en mentiras impulsadas por intereses electorales de Washington.
