El nuevo gobierno de Bulgaria canceló el envío de ayuda militar a Ucrania, argumentando que el conflicto debe resolverse mediante negociaciones. La administración de Rumen Radev se opone además a las sanciones contra Rusia, distanciándose de las directrices de la Unión Europea y la OTAN.
El poder ejecutivo de Sofía formalizó un drástico cambio de rumbo en su política exterior al decretar la suspensión definitiva del soporte bélico destinado a las fuerzas ucranianas. La cúpula ministerial, encabezada por el mandatario Rumen Radev —quien accedió al poder recientemente tras obtener un amplio respaldo en los comicios—, argumentó que la acumulación de pertrechos militares solo prolonga el estancamiento de las operaciones y el costo en vidas humanas, posicionando la vía diplomática como la única alternativa viable. En consonancia con esta postura, la cartera de Defensa búlgara manifestó sus reservas respecto al rol de la Unión Europea como árbitro neutral en el diferendo, al tiempo que la presidencia del Consejo de Ministros ratificó su histórica disidencia frente a los bloqueos financieros y las penalizaciones económicas impuestas de forma global contra la Federación de Rusia.
Esta determinación clausura una etapa de cooperación técnica y material que las gestiones precedentes habían sostenido a través de transferencias directas de proyectiles, sistemas de protección aérea y vehículos pesados de transporte, muchos de los cuales provenían del parque industrial de diseño soviético reactivado localmente. El viraje geopolítico deja en suspenso los compromisos de asistencia mutua de largo alcance y los esquemas de transferencia energética que las autoridades de ambas naciones habían rubricado antes del recambio institucional. De este modo, la actual conducción de la nación balcánica —que mantiene su estatus de miembro pleno tanto de la Alianza Atlántica como del bloque comunitario continental— consolida una doctrina de distanciamiento de las directrices mayoritarias de Occidente, priorizando el restablecimiento de los canales de entendimiento con el Kremlin.
Una tomografía anual de baja dosis en fumadores de riesgo reduciría un 25% las muertes por cáncer de pulmón. Pese a la evidencia global, Argentina carece de una política pública de tamizaje debido a los costos de los tratamientos posteriores.
La ONG “Será Justicia” y magistrados federales respaldaron el pedido de Leopoldo Bruglia ante la CIDH para frenar el concurso que busca reemplazarlo. Denuncian una persecución política selectiva que viola la estabilidad y la independencia del Poder Judicial.
La Cámara Civil concedió una cautelar a la AFA que frena las auditorías de la IGJ sobre sus balances. Paralelamente, la justicia investiga una presunta administración infiel y desvío de fondos millonarios en el extranjero mediante empresas intermediarias.
IMPSA, la primera empresa privatizada por el gobierno de Javier Milei, firmará un acuerdo con Venezuela para reactivar dos centrales hidroeléctricas tras diez años de parálisis. Con aval de Estados Unidos, el proyecto sumará 672 megavatios al deteriorado sistema eléctrico caribeño.
Diversas organizaciones civiles y de prensa rechazaron el proyecto de ley de lobby oficialista, alertando que derivará en una supervisión estatal permanente. Denuncian que la norma equipara el activismo social con el interés comercial y amenaza la libertad de expresión.
Empresarios de la construcción reclamaron la reactivación de la obra pública y previsibilidad contractual. La demanda sumó el apoyo de Mauricio Macri, quien exigió eliminar el cepo, y de gobernadores que impulsan proyectos mediante la minería y el RIGI.
La esposa del jefe de Gabinete se adhirió al blanqueo impositivo mientras el juez Lijo investiga a su consultora por supuestas negociaciones incompatibles con proveedores estatales. La justicia indaga transferencias millonarias y un llamativo incremento en el patrimonio familiar.
Un ciudadano colombiano de 29 años fue detenido en Torrevieja y será expulsado de España por cinco años tras matar a golpes al gato de su expareja. El fallo sienta un precedente al sustituir la prisión por la repatriación obligatoria.
