La ONG “Será Justicia” y magistrados federales respaldaron el pedido de Leopoldo Bruglia ante la CIDH para frenar el concurso que busca reemplazarlo. Denuncian una persecución política selectiva que viola la estabilidad y la independencia del Poder Judicial.
Una organización de profesionales del derecho formalizó un enérgico aval a la medida cautelar interpuesta por el magistrado Leopoldo Bruglia ante los organismos de la OEA con el propósito de paralizar los procesos de selección destinados a reemplazarlo en el tribunal de apelaciones porteño. La entidad de la abogocía organizada advirtió sobre la inusual celeridad asignada a la convocatoria del Consejo de la Magistratura, calificando el procedimiento como un velado mecanismo de represalia política instrumentado bajo la apariencia formal de acatar las disposiciones del máximo tribunal del país. Los firmantes del pronunciamiento enfatizaron que el desplazamiento pretendido carece de fundamentos en el desempeño del funcionario o en causales de enjuiciamiento criminal, configurando un ensañamiento burocrático que colisiona con las cláusulas americanas de estabilidad funcional e inamovilidad de las autoridades judiciales.
El núcleo de la impugnación institucional señala el carácter arbitrario de la convocatoria, la cual omite de manera premeditada la regularización de decenas de magistraturas en idéntica condición administrativa para concentrarse exclusivamente en el tribunal que intervino en causas de alta sensibilidad para el oficialismo. De acuerdo con los voceros de la asociación civil, esta disparidad de criterios lesiona las bases republicanas de la imparcialidad del Poder Judicial, transformando las designaciones en herramientas de presión que socavan el derecho ciudadano a contar con magistrados ajenos a los intereses del poder de turno. Ante este escenario, reclamaron formalmente a los consejeros y a las carteras del Poder Ejecutivo que adecuen sus resoluciones a las normativas globales de derechos humanos y suspendan el llamado a concurso de manera inmediata.
La controversia sumó además el testimonio y el respaldo explícito de otros integrantes de los tribunales de alzada sometidos a revisiones similares de traslados, quienes elevaron cartas e informes técnicos ante las oficinas administrativas del Poder Judicial de la Nación. En estos documentos concurrentes se fundamenta de forma técnica que los criterios de la Corte Suprema respecto de las adscripciones provisorias deben regir exclusivamente de cara a eventos futuros, bloqueando toda pretensión de aplicación retrospectiva que altere la conformación de los cuerpos encargados de juzgar los expedientes de corrupción pública más trascendentes de la última década.
Un emotivo posteo en redes sociales reveló el último retrato inédito de Carlos Solari, capturado horas antes de su muerte a los 77 años. Su asistente de confianza compartió la postal tras la multitudinaria despedida del legendario artista de rock.
El organismo de control sanitario prohibió la venta de cosméticos infantiles de diversas marcas por carecer de registros oficiales y seguridad higiénica. Asimismo, retiró del mercado un potente analgésico a base de morfina falsificado y ciertos insumos ortopédicos sin certificación legal.
Un informe de la ONU advierte que los centros de datos de inteligencia artificial consumen más electricidad que la mayoría de los países, igualando las emisiones de Argentina. Para 2030, el sector duplicará su impacto ambiental debido a la demanda operativa.
El próximo descanso se genera en menos de una semana, por el homenaje a Güemes.
En un clima de tensión social, aquel fallo de la Corte marcó un punto de quiebre en el sistema político, con el kirchnerismo denunciando “proscripción” e iniciando una campaña por su libertad.
Una tomografía anual de baja dosis en fumadores de riesgo reduciría un 25% las muertes por cáncer de pulmón. Pese a la evidencia global, Argentina carece de una política pública de tamizaje debido a los costos de los tratamientos posteriores.
La ONG “Será Justicia” y magistrados federales respaldaron el pedido de Leopoldo Bruglia ante la CIDH para frenar el concurso que busca reemplazarlo. Denuncian una persecución política selectiva que viola la estabilidad y la independencia del Poder Judicial.
La Cámara Civil concedió una cautelar a la AFA que frena las auditorías de la IGJ sobre sus balances. Paralelamente, la justicia investiga una presunta administración infiel y desvío de fondos millonarios en el extranjero mediante empresas intermediarias.
