Un ciudadano colombiano de 29 años fue detenido en Torrevieja y será expulsado de España por cinco años tras matar a golpes al gato de su expareja. El fallo sienta un precedente al sustituir la prisión por la repatriación obligatoria.
Un ciudadano colombiano de 29 años fue detenido en Torrevieja y será expulsado de España por cinco años tras matar a golpes al gato de su expareja. El fallo sienta un precedente al sustituir la prisión por la repatriación obligatoria.
Las autoridades de seguridad de España hicieron efectiva la captura de un joven de nacionalidad colombiana en la localidad de Torrevieja, luego de que los tribunales dictaminaran el extrañamiento de las fronteras europeas por un período de un lustro debido al fallecimiento provocado a un animal doméstico. La resolución de los magistrados de Orihuela, impulsada por la intervención de una entidad de defensa de los derechos de los animales que ejerció el rol de querellante, constituye un hito legal al sustituir de mutuo acuerdo la pena privativa de libertad de casi dos años por la salida obligatoria hacia el territorio sudamericano. El implicado, sobre quien pesa la prohibición de retornar al espacio de la Unión Europea durante la vigencia de la sanción, optó por la vía de la expulsión para eludir el ingreso formal a un establecimiento penitenciario.
El suceso que originó la drástica medida judicial ocurrió en una zona balnearia del municipio alicantino, donde el encausado propinó un ataque de extrema ferocidad con un elemento contundente y golpes directos a la gata de su antigua conviviente, acciones que cobraron masividad al difundirse mediante soportes digitales. La intervención de los cuadrantes policiales requirió la contención de los residentes conmocionados y la neutralización del infractor, quien presentaba alteraciones por la ingesta de sustancias prohibidas y alcohol. Aunque inicialmente las pesquisas del Instituto Armado encuadraron el comportamiento dentro de los mecanismos de coacción psicológica e intimidación indirecta propios de la violencia de género —acompañado por una posterior acusación de su expareja—, el dictamen final se concentró en la figura del daño animal con agravantes.
El traslado definitivo hacia el país de origen quedó bajo la supervisión de las unidades especializadas en control migratorio y extranjería, que desplegaron vigilancias encubiertas para hacer cumplir el mandato judicial. Los voceros de las fuerzas del orden advirtieron que cualquier intento de reingreso clandestino antes del plazo fijado conllevaría la reactivación automática del período de reclusión original o la aplicación de penalidades de exclusión fronteriza considerablemente más drásticas. Representantes legales de la organización protectora celebraron el fallo en las inmediaciones del palacio de justicia, remarcando que la inhabilitación para regularizar el estatus migratorio persistirá inalterable hasta que se extingan por completo los registros delictivos del expulsado.
En un clima de tensión social, aquel fallo de la Corte marcó un punto de quiebre en el sistema político, con el kirchnerismo denunciando “proscripción” e iniciando una campaña por su libertad.
Una tomografía anual de baja dosis en fumadores de riesgo reduciría un 25% las muertes por cáncer de pulmón. Pese a la evidencia global, Argentina carece de una política pública de tamizaje debido a los costos de los tratamientos posteriores.
La ONG “Será Justicia” y magistrados federales respaldaron el pedido de Leopoldo Bruglia ante la CIDH para frenar el concurso que busca reemplazarlo. Denuncian una persecución política selectiva que viola la estabilidad y la independencia del Poder Judicial.
La Cámara Civil concedió una cautelar a la AFA que frena las auditorías de la IGJ sobre sus balances. Paralelamente, la justicia investiga una presunta administración infiel y desvío de fondos millonarios en el extranjero mediante empresas intermediarias.
IMPSA, la primera empresa privatizada por el gobierno de Javier Milei, firmará un acuerdo con Venezuela para reactivar dos centrales hidroeléctricas tras diez años de parálisis. Con aval de Estados Unidos, el proyecto sumará 672 megavatios al deteriorado sistema eléctrico caribeño.
Diversas organizaciones civiles y de prensa rechazaron el proyecto de ley de lobby oficialista, alertando que derivará en una supervisión estatal permanente. Denuncian que la norma equipara el activismo social con el interés comercial y amenaza la libertad de expresión.
Empresarios de la construcción reclamaron la reactivación de la obra pública y previsibilidad contractual. La demanda sumó el apoyo de Mauricio Macri, quien exigió eliminar el cepo, y de gobernadores que impulsan proyectos mediante la minería y el RIGI.
La esposa del jefe de Gabinete se adhirió al blanqueo impositivo mientras el juez Lijo investiga a su consultora por supuestas negociaciones incompatibles con proveedores estatales. La justicia indaga transferencias millonarias y un llamativo incremento en el patrimonio familiar.
