Francia prohibió la entrada al ministro de Finanzas israelí por promover la anexión de Cisjordania y la colonización de Gaza. La medida, coordinada con otros países, incluye sanciones a colonos violentos y fue calificada por Israel como un ataque político.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia dictó un veto migratorio formal contra el responsable de las finanzas públicas de Israel, al considerar que sus discursos y directrices gubernamentales promueven de forma explícita la absorción territorial de áreas palestinas y la expansión de asentamientos habitacionales irregulares. La medida de exclusión soberana, extendida de igual manera a líderes de agrupaciones civiles de colonos y a más de una veintena de civiles señalados por cometer agresiones, forma parte de una estrategia punitiva coordinada a nivel global con varias potencias anglosajonas y escandinavas. Los países firmantes de este acuerdo multilateral exigieron formalmente a la administración del país de Medio Oriente el cese inmediato de los discursos de provocación y la puesta en marcha de investigaciones judiciales exhaustivas frente a los atropellos padecidos por la población civil local.
La diplomacia gala justificó la penalización señalando que las posiciones del funcionario radical atentan contra la viabilidad económica de las instituciones de la Autoridad Palestina y proponen una reocupación de la Franja de Gaza, lo que representa una flagrante transgresión a las normativas de convivencia respaldadas por el grueso de las naciones del globo. Esta decisión de bloquear las fronteras emula determinaciones similares adoptadas recientemente por Dublín y Canberra, cuyas cancillerías también extendieron los vetos a otras carteras de seguridad del mismo gobierno. En respuesta a este cerco diplomático, la cartera de relaciones exteriores israelí descalificó las restricciones argumentando que se trata de un intento forzado por condicionar la soberanía histórica de su pueblo, al tiempo que acusó a los estados promotores de la sanción de utilizar políticamente este conflicto para desviar la atención sobre la ineficacia en el control del odio contra las comunidades judías en sus propias regiones.
Una tomografía anual de baja dosis en fumadores de riesgo reduciría un 25% las muertes por cáncer de pulmón. Pese a la evidencia global, Argentina carece de una política pública de tamizaje debido a los costos de los tratamientos posteriores.
La ONG “Será Justicia” y magistrados federales respaldaron el pedido de Leopoldo Bruglia ante la CIDH para frenar el concurso que busca reemplazarlo. Denuncian una persecución política selectiva que viola la estabilidad y la independencia del Poder Judicial.
La Cámara Civil concedió una cautelar a la AFA que frena las auditorías de la IGJ sobre sus balances. Paralelamente, la justicia investiga una presunta administración infiel y desvío de fondos millonarios en el extranjero mediante empresas intermediarias.
IMPSA, la primera empresa privatizada por el gobierno de Javier Milei, firmará un acuerdo con Venezuela para reactivar dos centrales hidroeléctricas tras diez años de parálisis. Con aval de Estados Unidos, el proyecto sumará 672 megavatios al deteriorado sistema eléctrico caribeño.
Diversas organizaciones civiles y de prensa rechazaron el proyecto de ley de lobby oficialista, alertando que derivará en una supervisión estatal permanente. Denuncian que la norma equipara el activismo social con el interés comercial y amenaza la libertad de expresión.
Empresarios de la construcción reclamaron la reactivación de la obra pública y previsibilidad contractual. La demanda sumó el apoyo de Mauricio Macri, quien exigió eliminar el cepo, y de gobernadores que impulsan proyectos mediante la minería y el RIGI.
La esposa del jefe de Gabinete se adhirió al blanqueo impositivo mientras el juez Lijo investiga a su consultora por supuestas negociaciones incompatibles con proveedores estatales. La justicia indaga transferencias millonarias y un llamativo incremento en el patrimonio familiar.
Un ciudadano colombiano de 29 años fue detenido en Torrevieja y será expulsado de España por cinco años tras matar a golpes al gato de su expareja. El fallo sienta un precedente al sustituir la prisión por la repatriación obligatoria.
