Parlamentarios de Unión por la Patria y del Justicialismo remitieron una carta a la Corte Suprema al cumplirse un año del fallo firme en la causa Vialidad. Denunciaron restricciones excepcionales en el régimen de prisión domiciliaria de la exmandataria.
Integrantes de las cámaras de Diputados y de Senadores de la Nación se congregaron en el Congreso de la Nación para expresar su rechazo a la situación judicial de la dos veces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Un grupo superior a los 75 legisladores pertenecientes al justicialismo firmó un documento dirigido al máximo tribunal y al Consejo de la Magistratura, en el cual calificaron de arbitraria la inhabilitación perpetua y la condena de seis años de prisión dictada en el marco de la causa Vialidad.
Paralelamente, los titulares de los bloques parlamentarios de Unión por la Patria, el diputado Germán Martínez y el senador José Mayans, encabezaron la presentación pública del reclamo.
Los legisladores fundamentaron sus críticas en un informe técnico elaborado a partir de solicitudes de acceso a la información pública presentadas ante el Consejo de la Magistratura. Aquel relevamiento estadístico comparó la situación de la exjefa de Estado con la del resto de los detenidos bajo la modalidad federal.
Según los datos oficiales expuestos en la rueda de prensa, de un universo total de 2,513 personas bajo el régimen de prisión domiciliaria en el territorio nacional, menos del 20% utiliza dispositivos de control electrónico como la tobillera.
Asimismo, el informe subrayó que el 98,24% de los internos bajo este beneficio puede recibir visitas sin limitaciones específicas, mientras que apenas el 1,76% registra restricciones. En el caso de Fernández de Kirchner, el régimen actual permite visitas de dos horas, solamente dos días a la semana, con un límite máximo de tres personas por jornada.
Por otra parte, los representantes del peronismo enfatizaron la celeridad con la que el Poder Judicial ratificó la sentencia el año pasado. El documento enviado a las autoridades judiciales consignó que la confirmación del fallo aconteció siete días después de que la dirigente oficializara su candidatura a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires.
Los legisladores interpretaron este hecho como una maniobra de disciplinamiento político dirigida a impedir su participación en los comicios.
Más adelante, durante la misma jornada, militantes y seguidores de la exmandataria se concentraron en las inmediaciones de su residencia actual, ubicada en la calle San José 1111, con el propósito de manifestar su acompañamiento.
Dirigentes como el senador Eduardo De Pedro y los legisladores Mariano Recalde, Cecilia Moreau y Juliana Di Tullio replicaron las críticas hacia el funcionamiento del sistema judicial a través de diversas declaraciones públicas y plataformas digitales.
Los reclamos de la principal fuerza de oposición abren un debate complejo sobre el alcance de las facultades de control del Consejo de la Magistratura en la ejecución de las penas federales y los criterios de uniformidad en los regímenes de detención domiciliaria.
Resta determinar si la presentación formal ante la Corte Suprema de Justicia derivará en una revisión de las medidas restrictivas impuestas o si el tribunal ratificará el marco normativo aplicado a la exmandataria.
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