Empresarios de la construcción reclamaron la reactivación de la obra pública y previsibilidad contractual. La demanda sumó el apoyo de Mauricio Macri, quien exigió eliminar el cepo, y de gobernadores que impulsan proyectos mediante la minería y el RIGI.
El parate absoluto del financiamiento estatal para proyectos de infraestructura generó una contundente reacción de la dirigencia corporativa durante la última cumbre de la Cámara Argentina de la Construcción. El titular de la entidad, Gustavo Weiss, expuso el crítico escenario que atraviesa la actividad y cuestionó la estrategia oficial de sostener el balance de las cuentas públicas mediante la anulación de las partidas destinadas al desarrollo civil. Ante un auditorio colmado, el vocero empresarial argumentó que la estabilización de los indicadores macroeconómicos resulta estéril si no se complementa con un plan de estímulo productivo y previsibilidad contractual, remarcando que los desembolsos en conectividad y logística constituyen una inversión esencial para la competitividad del país y la generación de puestos laborales estables, y no un mero componente del gasto corriente.
La postura del empresariado recibió un explícito respaldo político en el cierre de la jornada por parte de los exjefes de Estado Mauricio Macri e Iván Duque. El referente del PRO elogió la velocidad del reordenamiento fiscal pero alertó sobre el proceso de descapitalización que sufre la nación a raíz de la parálisis estructural. El exmandatario local enfatizó la urgencia de avanzar hacia reformas estructurales que eliminen las trabas cambiarias que afectan a las corporaciones, demandó el fin de las tasas municipales distorsivas y las retenciones, y señaló que la seguridad jurídica y una magistratura independiente son requisitos indispensables para atraer capitales externos de largo plazo, criticando además la falta de una agenda de inserción comercial coordinada a nivel global.
Por su parte, los mandatarios de las regiones del interior expusieron sus alternativas de financiamiento local para mitigar el impacto de la crisis. Mientras que la gobernación de Catamarca detalló cómo utiliza los cánones de la explotación minera para costear redes viales y construir consenso social, la administración de Neuquén puntualizó los requerimientos de equipamiento comunitario necesarios para potenciar el yacimiento de Vaca Muerta. Ambos líderes provinciales coincidieron en ponderar las ventajas del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones como una herramienta clave de competitividad internacional, instando a consolidar una alianza estratégica donde el sector privado actúe como motor de riqueza y el aparato estatal agilice la creación de empleo genuino.
Un informe de la ONU advierte que los centros de datos de inteligencia artificial consumen más electricidad que la mayoría de los países, igualando las emisiones de Argentina. Para 2030, el sector duplicará su impacto ambiental debido a la demanda operativa.
El próximo descanso se genera en menos de una semana, por el homenaje a Güemes.
En un clima de tensión social, aquel fallo de la Corte marcó un punto de quiebre en el sistema político, con el kirchnerismo denunciando “proscripción” e iniciando una campaña por su libertad.
Una tomografía anual de baja dosis en fumadores de riesgo reduciría un 25% las muertes por cáncer de pulmón. Pese a la evidencia global, Argentina carece de una política pública de tamizaje debido a los costos de los tratamientos posteriores.
La ONG “Será Justicia” y magistrados federales respaldaron el pedido de Leopoldo Bruglia ante la CIDH para frenar el concurso que busca reemplazarlo. Denuncian una persecución política selectiva que viola la estabilidad y la independencia del Poder Judicial.
La Cámara Civil concedió una cautelar a la AFA que frena las auditorías de la IGJ sobre sus balances. Paralelamente, la justicia investiga una presunta administración infiel y desvío de fondos millonarios en el extranjero mediante empresas intermediarias.
IMPSA, la primera empresa privatizada por el gobierno de Javier Milei, firmará un acuerdo con Venezuela para reactivar dos centrales hidroeléctricas tras diez años de parálisis. Con aval de Estados Unidos, el proyecto sumará 672 megavatios al deteriorado sistema eléctrico caribeño.
Diversas organizaciones civiles y de prensa rechazaron el proyecto de ley de lobby oficialista, alertando que derivará en una supervisión estatal permanente. Denuncian que la norma equipara el activismo social con el interés comercial y amenaza la libertad de expresión.
