Diversas organizaciones civiles y de prensa rechazaron el proyecto de ley de lobby oficialista, alertando que derivará en una supervisión estatal permanente. Denuncian que la norma equipara el activismo social con el interés comercial y amenaza la libertad de expresión.
Un conglomerado de fundaciones sociales y agrupaciones de la comunicación formalizó una postura de rechazo integral frente al marco regulatorio de gestión de influencias que comenzará a evaluarse en las comisiones de la Cámara de Diputados. La propuesta del Poder Ejecutivo, orientada nominalmente a fiscalizar las presiones sobre el diseño de normativas estatales para erradicar beneficios particulares, recibió severas objeciones por parte de entidades de derechos humanos y control democrático. Los referentes del sector civil sostienen que la redacción actual transmuta la participación democrática en un esquema de monitoreo gubernamental constante, lo que podría menoscabar las libertades de opinión y fiscalización de aquellas voces que asumen un rol crítico frente a la conducción del Estado.
El núcleo de la disidencia radica en la instauración de padrones de registro obligatorios y la exigencia de rendiciones periódicas, requerimientos que introducen severos obstáculos de gestión y costos de asesoramiento legal que las asociaciones comunitarias de menor escala no están en condiciones de absorber. Asimismo, el texto bajo análisis homologa de manera idéntica la intermediación mercantilista con el activismo cívico sin fines de lucro, aplicando un régimen punitivo cuyas multas resultarían imperceptibles para corporaciones transnacionales pero devastadoras para el entramado asociativo local. Las entidades advierten que la laxitud en las definiciones conceptuales y la dependencia directa de la autoridad fiscalizadora respecto del signo político gobernante abren la puerta a una aplicación discrecional de la norma y a la desacreditación pública de los organismos que reciben aportes de la cooperación internacional.
La preocupación se extiende de igual modo al ámbito de la prensa escrita y de investigación. Pese a que el articulado oficial contempla una cláusula de exclusión para las coberturas informativas, las entidades firmantes denuncian que dicha salvedad carece de precisión jurídica y supedita la labor periodística a interpretaciones variables que comprometerían el secreto de las fuentes doctrinales en asuntos de alta sensibilidad institucional. Los colectivos sociales planean trasladar estas observaciones técnicas directamente al debate parlamentario, argumentando que las restricciones impuestas debilitan los mecanismos de contrapeso ciudadano ante el poder político, mientras las penalizaciones para los agentes de la administración pública que aceptan prebendas permanecen llamativamente atenuadas.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos solicitó al Gobierno de Portugal reconsiderar los recortes a la legislación de identidad de género, alertando que la iniciativa reintroduce la patologización médica sobre la población trans.
Un estudio histopatológico determinó que Ángela Álvarez sufrió una muerte violenta por sofocación. Cuatro hombres quedaron imputados por robo seguido de muerte.
Durante la grabación del programa de Mario Pergolini en eltrece, Eugenia Suárez habría destruido un retrato de Martín Cirio ubicado en su camarín, según reveló Marina Calabró tras detallar viejos enfrentamientos entre ambas figuras.
Antes de su remate el 9 de diciembre en Nueva York, el vestido de seda que Diana de Gales inmortalizó en 1994 será exhibido globalmente por Sotheby’s, con una estimación de hasta 300 mil dólares.
En un reconocimiento inédito para el automovilismo nacional, la Legislatura porteña declaró de Interés Deportivo al TC2000. La iniciativa destaca más de cuatro décadas de trayectoria e innovación tecnológica vinculadas a las calles y autódromos de la Ciudad.
Boca Juniors venció 3-1 a Central Córdoba en La Bombonera con una alineación alternativa, impulsado por dos goles de Ángel Romero y el estreno goleador de Enner Valencia, a días del cruce decisivo por Copa Sudamericana.
La Justicia de San Juan abrió una investigación de oficio tras el hallazgo de un escrito en un sanitario de la Escuela Carlos María de Alvear, en Rawson. La inscripción, borrada poco después por directivas educativas, alertaba sobre un presunto abuso intrafamiliar.
Diputados británicos votaron contra el proyecto de ley para autorizar la muerte asistida en pacientes terminales, frenando un histórico cambio legislativo tras un tenso debate centrado en las garantías médicas y los cuidados paliativos.
