Diversas organizaciones civiles y de prensa rechazaron el proyecto de ley de lobby oficialista, alertando que derivará en una supervisión estatal permanente. Denuncian que la norma equipara el activismo social con el interés comercial y amenaza la libertad de expresión.
Un conglomerado de fundaciones sociales y agrupaciones de la comunicación formalizó una postura de rechazo integral frente al marco regulatorio de gestión de influencias que comenzará a evaluarse en las comisiones de la Cámara de Diputados. La propuesta del Poder Ejecutivo, orientada nominalmente a fiscalizar las presiones sobre el diseño de normativas estatales para erradicar beneficios particulares, recibió severas objeciones por parte de entidades de derechos humanos y control democrático. Los referentes del sector civil sostienen que la redacción actual transmuta la participación democrática en un esquema de monitoreo gubernamental constante, lo que podría menoscabar las libertades de opinión y fiscalización de aquellas voces que asumen un rol crítico frente a la conducción del Estado.
El núcleo de la disidencia radica en la instauración de padrones de registro obligatorios y la exigencia de rendiciones periódicas, requerimientos que introducen severos obstáculos de gestión y costos de asesoramiento legal que las asociaciones comunitarias de menor escala no están en condiciones de absorber. Asimismo, el texto bajo análisis homologa de manera idéntica la intermediación mercantilista con el activismo cívico sin fines de lucro, aplicando un régimen punitivo cuyas multas resultarían imperceptibles para corporaciones transnacionales pero devastadoras para el entramado asociativo local. Las entidades advierten que la laxitud en las definiciones conceptuales y la dependencia directa de la autoridad fiscalizadora respecto del signo político gobernante abren la puerta a una aplicación discrecional de la norma y a la desacreditación pública de los organismos que reciben aportes de la cooperación internacional.
La preocupación se extiende de igual modo al ámbito de la prensa escrita y de investigación. Pese a que el articulado oficial contempla una cláusula de exclusión para las coberturas informativas, las entidades firmantes denuncian que dicha salvedad carece de precisión jurídica y supedita la labor periodística a interpretaciones variables que comprometerían el secreto de las fuentes doctrinales en asuntos de alta sensibilidad institucional. Los colectivos sociales planean trasladar estas observaciones técnicas directamente al debate parlamentario, argumentando que las restricciones impuestas debilitan los mecanismos de contrapeso ciudadano ante el poder político, mientras las penalizaciones para los agentes de la administración pública que aceptan prebendas permanecen llamativamente atenuadas.
En el Encuentro Regional de Movimientos Populares en La Matanza, Rafael Villanueva, del Movimiento Evita en dialogo con La redacción, describe el avance narco y el endeudamiento en los barrios y anticipa qué le quieren transmitir al Papa antes de su visita a la Argentina.
Tras la escalada mediática por la presencia de un jet en Misiones, el Gobierno nacional confirmó que no existen registros de ingreso del senador brasileño al país. Las autoridades inspeccionaron la aeronave y ratificaron que la documentación está en regla y el plan de vuelo no incluye a la familia Bolsonaro.
Kylian Mbappé desató una fuerte crisis tras bromear sobre un meme que lo comparaba con Mao Zedong. Empresas chinas cancelaron millonarios contratos publicitarios y la televisión estatal suspendió transmisiones, obligando al delantero y a LaLiga a pedir disculpas públicas.
Tres bomberos que habían quedado atrapados ya fueron liberados.
Javier Milei desembarca en Catamarca junto a Karina Milei para reunirse con referentes libertarios y supervisar inversiones de litio en el Salar del Hombre Muerto. El viaje abre tensiones por manifestaciones opositoras y roces con aliados locales.
Según la autopsia, Tatiana Micaela Fernández murió por asfixia mecánica por compresión y tenía lesiones defensivas. Las cámaras ubicaron a Renato Iván Tabella entrando y saliendo del edificio esa madrugada. Este martes será indagado.
La crecida del río Paraná inundó el 40% de Paso de la Patria, obligando a evacuar a 400 familias y tapando las playas. La catástrofe golpea de lleno la temporada turística y la pesca deportiva, motor económico de la localidad.
Tras caer ante Lula, la Justicia prohibió salir de Brasil a Flávio Bolsonaro y le incautó el pasaporte. El senador, cercado por causas de presunto lavado de dinero y quiebras fraudulentas, perderá sus fueros en febrero.
