Diversas organizaciones civiles y de prensa rechazaron el proyecto de ley de lobby oficialista, alertando que derivará en una supervisión estatal permanente. Denuncian que la norma equipara el activismo social con el interés comercial y amenaza la libertad de expresión.
Un conglomerado de fundaciones sociales y agrupaciones de la comunicación formalizó una postura de rechazo integral frente al marco regulatorio de gestión de influencias que comenzará a evaluarse en las comisiones de la Cámara de Diputados. La propuesta del Poder Ejecutivo, orientada nominalmente a fiscalizar las presiones sobre el diseño de normativas estatales para erradicar beneficios particulares, recibió severas objeciones por parte de entidades de derechos humanos y control democrático. Los referentes del sector civil sostienen que la redacción actual transmuta la participación democrática en un esquema de monitoreo gubernamental constante, lo que podría menoscabar las libertades de opinión y fiscalización de aquellas voces que asumen un rol crítico frente a la conducción del Estado.
El núcleo de la disidencia radica en la instauración de padrones de registro obligatorios y la exigencia de rendiciones periódicas, requerimientos que introducen severos obstáculos de gestión y costos de asesoramiento legal que las asociaciones comunitarias de menor escala no están en condiciones de absorber. Asimismo, el texto bajo análisis homologa de manera idéntica la intermediación mercantilista con el activismo cívico sin fines de lucro, aplicando un régimen punitivo cuyas multas resultarían imperceptibles para corporaciones transnacionales pero devastadoras para el entramado asociativo local. Las entidades advierten que la laxitud en las definiciones conceptuales y la dependencia directa de la autoridad fiscalizadora respecto del signo político gobernante abren la puerta a una aplicación discrecional de la norma y a la desacreditación pública de los organismos que reciben aportes de la cooperación internacional.
La preocupación se extiende de igual modo al ámbito de la prensa escrita y de investigación. Pese a que el articulado oficial contempla una cláusula de exclusión para las coberturas informativas, las entidades firmantes denuncian que dicha salvedad carece de precisión jurídica y supedita la labor periodística a interpretaciones variables que comprometerían el secreto de las fuentes doctrinales en asuntos de alta sensibilidad institucional. Los colectivos sociales planean trasladar estas observaciones técnicas directamente al debate parlamentario, argumentando que las restricciones impuestas debilitan los mecanismos de contrapeso ciudadano ante el poder político, mientras las penalizaciones para los agentes de la administración pública que aceptan prebendas permanecen llamativamente atenuadas.
Un emotivo posteo en redes sociales reveló el último retrato inédito de Carlos Solari, capturado horas antes de su muerte a los 77 años. Su asistente de confianza compartió la postal tras la multitudinaria despedida del legendario artista de rock.
El organismo de control sanitario prohibió la venta de cosméticos infantiles de diversas marcas por carecer de registros oficiales y seguridad higiénica. Asimismo, retiró del mercado un potente analgésico a base de morfina falsificado y ciertos insumos ortopédicos sin certificación legal.
Un informe de la ONU advierte que los centros de datos de inteligencia artificial consumen más electricidad que la mayoría de los países, igualando las emisiones de Argentina. Para 2030, el sector duplicará su impacto ambiental debido a la demanda operativa.
El próximo descanso se genera en menos de una semana, por el homenaje a Güemes.
En un clima de tensión social, aquel fallo de la Corte marcó un punto de quiebre en el sistema político, con el kirchnerismo denunciando “proscripción” e iniciando una campaña por su libertad.
Una tomografía anual de baja dosis en fumadores de riesgo reduciría un 25% las muertes por cáncer de pulmón. Pese a la evidencia global, Argentina carece de una política pública de tamizaje debido a los costos de los tratamientos posteriores.
La ONG “Será Justicia” y magistrados federales respaldaron el pedido de Leopoldo Bruglia ante la CIDH para frenar el concurso que busca reemplazarlo. Denuncian una persecución política selectiva que viola la estabilidad y la independencia del Poder Judicial.
La Cámara Civil concedió una cautelar a la AFA que frena las auditorías de la IGJ sobre sus balances. Paralelamente, la justicia investiga una presunta administración infiel y desvío de fondos millonarios en el extranjero mediante empresas intermediarias.
