Diputados de distintas bancadas llamaron a debatir el 23 de junio pedidos de interpelación contra el jefe de Gabinete tras sus declaraciones patrimoniales. El oficialismo y sus aliados mantienen posturas divididas sobre la viabilidad del mecanismo constitucional.
La controversia en torno al patrimonio del jefe de Gabinete Manuel Adorni se trasladó formalmente al ámbito legislativo. Bloques de la oposición presentaron una solicitud de sesión especial en la Cámara de Diputados para el próximo martes 23 de junio a las 14. La iniciativa busca tratar seis proyectos que incluyen pedidos de informes, interpelaciones verbales y la activación de una moción de censura contra Manuel Adorni.
El pedido de sesión cuenta con las firmas de representantes de Unión por la Patria (UP), la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, el interbloque Provincias Unidas y legisladores que responden al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.
Sin embargo, la propuesta evidenció fragmentaciones en el arco parlamentario, ya que no fue acompañada por el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Innovación Federal ni por los diputados alineados con los gobernadores de Santa Fe, Chubut y Mendoza.
El debate se originó tras las declaraciones públicas del funcionario respecto a la composición de sus activos. La oposición argumenta que existen contradicciones entre el informe de gestión que Adorni brindó ante la Cámara baja el pasado 29 de abril—donde afirmó que sus bienes estaban debidamente informados—y sus posteriores explicaciones periodísticas.
En estas últimas, el jefe de Gabinete refirió poseer ahorros en Bitcoin junto a su esposa por más de USD 500.000, vinculados a inversiones realizadas entre 2013 y 2018.
El diputado radical de Provincias Unidas, Pablo Juliano, impulsor de uno de los proyectos, fundamentó que la exactitud patrimonial es una obligación legal que afecta la confianza institucional.
Asimismo, la presentación legislativa señala registros del expediente judicial en curso correspondientes al año 2025, donde se detallan deudas por 335.000 dólares, compras con tarjetas de crédito por 85 millones de pesos y gastos anuales por 408.662 dólares cuyo origen consideran insuficientemente justificado.
A pesar del pedido de sesión, el avance de una eventual moción de censura enfrenta severos límites reglamentarios y numéricos. Al no contar los proyectos con dictamen, la oposición necesita primero alcanzar una mayoría simple en el recinto para emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, ambas controladas por el oficialismo de La Libertad Avanza.
Paralelamente, el partido Propuesta Republicana (PRO) optó por no acompañar la convocatoria a la sesión, aunque emitió un comunicado en el cual calificó las omisiones discursivas de Manuel Adorni como “una falta grave” y señaló que los funcionarios deben actuar con transparencia.
Desde este espacio y sectores de la UCR sostienen que la determinación de posibles irregularidades debe tramitarse en la justicia y que la responsabilidad política final pertenece al Poder Ejecutivo.
El escenario impactó además en la agenda económica, generando reparos entre legisladores aliados para tratar las modificaciones que el ministro de Economía Luis Caputo planeaba enviar sobre el régimen de inocencia fiscal, herramienta utilizada por el jefe de Gabinete para exteriorizar sus activos.
Los bloques que promueven la remoción amparan su reclamo en el artículo 101 de la Constitución Nacional, el cual exige el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara para remover al funcionario; esto es, al menos 129 votos en Diputados y 37 en el Senado.
Ante la renuencia de los bloques aliados a convalidar la estrategia parlamentaria de destitución, resta observar si la presión opositora logrará abrir el recinto el 23 de junio o si la discusión quedará limitada al tratamiento judicial y al informe de gestión que Adorni prevé brindar en el Senado durante el mes de julio.
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