Se suicidó joven que esperaba juicio por abuso sexual

Una joven de 19 años se quitó la vida el sábado pasado en Florencio Varela mientras esperaba el juicio oral contra su tío por abusos cometidos durante su infancia. La Fiscalía ordenó la detención inmediata del acusado ante un inminente riesgo de fuga.

Penélope Vázquez denunció abuso sexual. Foto: Web.

El proceso judicial por corrupción y abuso sexual de menores, asentado bajo la Instrucción Penal Preparatoria 13-02-024507-22/00, experimentó un giro drástico en las últimas horas. La fiscal Vanesa Maiola, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 6 descentralizada de Florencio Varela, dispuso el arresto de Raúl Ojeda, luego de constatarse movimientos que sugerían un intento de evasión de la justicia.

La captura se ejecutó por la tarde en el barrio Martín Fierro, un vecindario conmovido por el reciente fallecimiento de Penélope Vázquez. La víctima, de 19 años, había radicado la denuncia penal en 2022 junto a su madre, cuando tenía 15 años, tras haber logrado mudarse de la vivienda que compartía con el acusado en la calle Las Américas.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el expediente legal, las agresiones contra la adolescente comenzaron en 2019, cuando la menor tenía 13 años. A pesar de que las pericias realizadas en la Cámara Gesell ratificaron el testimonio de la denunciante, las citaciones judiciales sufrieron dilaciones previas. El caso llegó a registrar un pedido de archivo por parte de la antigua fiscalía interviniente antes de reactivarse de manera formal.

El letargo del sistema judicial

Posteriormente, el Juzgado de Garantías Nº 5, a cargo del magistrado Julián Busteros, clausuró la etapa de investigación y elevó la causa a juicio oral. El debate quedó radicado en el Tribunal Oral Criminal Nº 2 de la jurisdicción local, con una fecha de inicio programada recién para abril de 2027.

Esta brecha temporal de cinco años entre la elevación de la causa y la fecha del juicio generó profundas crisis de angustia en la joven, quien recibía asistencia psicológica especializada. El sábado pasado, en una vivienda de la calle Campichuelo, la adolescente terminó con su vida mientras su progenitora cumplía con su jornada laboral.

Paralelamente, el arresto de Ojeda se desencadenó tras la difusión de registros audiovisuales de seguridad y reclamos vecinales en las adyacencias de su propiedad. En las imágenes aportadas a la investigación judicial se observó al sospechoso con pertenencias de viaje, conducta que la fiscalía tipificó de forma inmediata como un peligro real de fuga del proceso penal en curso.

Un debate estructural pendiente

Los allegados y residentes de la localidad sostuvieron movilizaciones públicas en los alrededores del domicilio del imputado para exigir celeridad en las resoluciones de los tribunales de familia y de garantías.

Durante las concentraciones, los portavoces de la familia manifestaron la urgencia de humanizar y agilizar los tiempos de respuesta del aparato estatal frente a denuncias que involucran a menores de edad.

El desenlace de este caso reabre la discusión sobre la eficacia de las medidas de protección y el impacto del retraso en las agendas de los tribunales ordinarios. Las demoras procesales prolongadas plantean el interrogante de si el sistema legal actual cuenta con las herramientas necesarias para resguardar la integridad de las víctimas directas durante la espera de una sentencia firme.

 

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