Tras 36 días de violentos bloqueos y desabastecimiento, la COB y la Federación Túpac Katari dejan de exigir la renuncia del presidente y buscan abrir una agenda de trabajo.
Tras 36 días de violentos bloqueos y desabastecimiento, la COB y la Federación Túpac Katari dejan de exigir la renuncia del presidente y buscan abrir una agenda de trabajo.

Tras 36 días consecutivos de intensos cortes de rutas y una parálisis que afecta a gran parte del país, las principales organizaciones obreras y campesinas de Bolivia mostraron los primeros signos de flexibilización.
Por primera vez desde el estallido del conflicto, estos sectores plantearon la posibilidad de abrir una mesa de negociación con el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, dejando de lado la exigencia radical de su renuncia inmediata.
La iniciativa fue formulada por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz, nucleamientos clave en el bloqueo de carreteras que mantiene aislados a seis de los nueve departamentos bolivianos.
El dirigente campesino David Mamani reconoció públicamente el impacto de la prolongada movilización al admitir que “las organizaciones sociales sentimos el desgaste y el cansancio”.
Sin embargo, el acercamiento no será incondicional. El dirigente aclaró que la propuesta está sujeta a la consulta de las bases y supeditada a una agenda nacional que permita evitar “errores institucionales, jurídicos y políticos”.
En sintonía, el secretario de la COB, Claudio Choque, reclamó un diálogo “sincero” y exigió al Poder Ejecutivo que ponga fin a los procesos judiciales iniciados contra los manifestantes detenidos durante las jornadas de protesta.
La crisis ha golpeado con dureza la estructura productiva y la vida cotidiana en Bolivia, especialmente en la sede de Gobierno. Los bloqueos han dejado consecuencias críticas:
Pérdidas millonarias: Estimadas entre 1.600 y 2.000 millones de dólares, afectando principalmente al comercio, la industria y el transporte.
Desabastecimiento generalizado: Una severa escasez de alimentos, incremento de precios y parálisis del transporte por falta de combustible.
Espiral de violencia: Enfrentamientos entre civiles y fuerzas de seguridad que derivaron en múltiples heridos y daños a instituciones públicas.
Frente a este complejo escenario, el gobernador de La Paz y aliado del oficialismo, Luis Revilla, se mostró optimista respecto a una pronta regularización de las actividades, señalando que “la necesidad de la población de retomar sus actividades va a imponer una salida”.
Por su parte, el Poder Ejecutivo mantiene bajo reserva su postura oficial frente a la oferta de negociación. Mientras el presidente Rodrigo Paz ha rechazado históricamente dialogar bajo la presión de pedidos de destitución, en paralelo el oficialismo promueve un proyecto de ley para regular los estados de excepción, buscando herramientas legales para una eventual intervención militar. Las próximas horas definirán si Bolivia avanza hacia una etapa de pacificación o profundiza la confrontación.
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