Por decisión unánime del Primer Panel del Tribunal Supremo, el excongresista enfrentará cuatro años de cárcel por coordinar sanciones en el extranjero contra magistrados brasileños, buscando liberar a Jair Bolsonaro de su sentencia por intento de golpe.
El Primer Panel del Tribunal Supremo Federal (STF) condenó unánimemente al exdiputado federal Eduardo Bolsonaro a 4 años y 2 meses de prisión, inicialmente en régimen semiabierto, por el delito de coacción durante el transcurso de un proceso judicial.
Los magistrados determinaron que el exparlamentario actuó en Estados Unidos con el objetivo de intimidar al Poder Judicial brasileño y frenar el juicio por el complot golpista que involucró a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.
A la posición del relator del caso, el ministro Alexandre de Moraes, se sumaron los votos de los magistrados Cristiano Zanin, Cármen Lúcia y Flávio Dino. La sentencia incluyó la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 8 años —contados a partir del cumplimiento de la pena—, la pérdida de su puesto funcional en la Policía Federal y el pago de una multa de 50 días, equivalente a R$ 162.100.
De acuerdo con la denuncia presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) en septiembre de 2025, el acusado coordinó actividades con autoridades estadounidenses para damnificar la economía y la gestión judicial del país.
La fiscalía demostró que las gestiones derivaron en la aplicación de aranceles del 50% a productos nacionales, la revocación de visas para ocho magistrados de la Corte Suprema y la aplicación de la Ley Magnitsky contra el ministro Moraes en julio de 2025.
Durante la audiencia, la fiscalía presentó grabaciones obtenidas de teléfonos celulares donde el exdiputado instruía al expresidente Jair Bolsonaro sobre sus declaraciones públicas para no entorpecer las gestiones en Washington.
Paralelamente, el tribunal analizó videos y publicaciones en redes sociales donde el propio implicado reconoció y celebró la cancelación de los pasaportes oficiales de las autoridades judiciales brasileñas.
Por su parte, la Defensoría Pública Federal (DPU), encargada de la representación legal ante la ausencia del acusado, solicitó la nulidad del juicio y la absolución de Eduardo Bolsonaro, quien reside en territorio estadounidense desde febrero de 2025.
El defensor Esdras dos Santos Carvalho argumentó que las declaraciones estaban protegidas por la inmunidad parlamentaria y que la notificación judicial debió realizarse mediante carta rogatoria internacional en lugar de un edicto público.
Asimismo, la defensa cuestionó la participación de Moraes en la votación, al señalarlo como víctima directa de las sanciones promovidas por el procesado. No obstante, el cuerpo de ministros rechazó las observaciones preliminares tras aclarar que el delito de coacción atenta contra la administración de la justicia en su conjunto, por lo que la condición de los magistrados afectados no invalida su facultad de juzgar el caso.
El dictamen judicial abrió un escenario de debate respecto a los límites de la actividad política exterior de los legisladores. Mientras la Junta Directiva de la Cámara de Diputados ya había revocado el mandato de Eduardo Bolsonaro en diciembre por inasistencias, la resolución de la Suprema Corte expone nuevas tensiones en la relación bilateral entre Brasil y Estados Unidos, en un contexto donde la presidencia del tribunal advirtió sobre el incremento de condicionamientos externos.
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