Pablo Moyano rompió el silencio en una cumbre sindical, dio por fracasadas las vías institucionales de la CGT y reclamó volver a las calles para enfrentar la reforma laboral del Gobierno.
Pablo Moyano rompió el silencio en una cumbre sindical, dio por fracasadas las vías institucionales de la CGT y reclamó volver a las calles para enfrentar la reforma laboral del Gobierno.

La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) inauguró este martes una cumbre sindical en la Ciudad de Buenos Aires con fuertes críticas a la política económica y laboral del Gobierno nacional. Durante el encuentro, el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, reapareció públicamente tras distanciarse de la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) y reclamó el inicio de un plan de lucha en el espacio público.
El dirigente gremial afirmó que la central obrera implementó tres estrategias para frenar la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo, de las cuales consideró que dos resultaron fallidas: las presentaciones ante la justicia y las negociaciones con los gobernadores provinciales.
Ante este escenario, sostuvo que la única alternativa vigente es la movilización, aunque aclaró que la convocatoria a un nuevo paro general dependerá de las resoluciones que adopte el consejo directivo de la CGT en sus próximas reuniones.
Paralelamente, el referente sindical focalizó sus críticas en la gestión del jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, a quien cuestionó por su situación patrimonial.
Moyano calificó las discusiones en torno al funcionario como un mecanismo de distracción frente a los aumentos de tarifas en el transporte público y los combustibles, al tiempo que rechazó la conformación del equipo político de la Casa Rosada.
El análisis del dirigente camionero incluyó una autocrítica sobre los resultados de la gestión gubernamental anterior y describió una falta de representación política actual en los sectores opositores.
Respecto a las tensiones internas en el Partido Justicialista por la conducción del espacio, señaló la convivencia de múltiples posturas entre referentes como Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof.
Sobre este punto, el sindicalista consideró necesario un debate interno estricto entre las distintas facciones antes de definir las candidaturas para los próximos períodos electivos. No obstante, remarcó que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, es el dirigente que muestra mayor nivel de actividad y representatividad en el escenario vigente.
Por otra parte, la organización gremial rechazó la revisión general de 446 convenios colectivos de trabajo anunciada por el Ministerio de Capital Humano. La administración central fundamenta la caducidad de dichos acuerdos en las modificaciones introducidas por la reforma laboral, mientras que el sector sindical argumenta que las normativas sectoriales incorporaron modificaciones tecnológicas de forma progresiva sin necesidad de intervención estatal.
Finalmente, el transporte de cargas mantiene un escenario de conflictividad en la rama de Aguas y Gaseosas con las firmas Coca Cola y Quilmes por demandas vinculadas al pago de presentismo y la equiparación salarial de operarios tercerizados. La representación gremial advirtió que la finalización del período de conciliación obligatoria sin un acuerdo entre las partes derivará en la reanudación de las medidas de fuerza.
El encuentro de la ITF continuará sesionando hasta este miércoles en la sede del sindicato ferroviario La Fraternidad, con la participación de delegaciones de 25 países dedicadas al análisis del contexto sociolaboral de la región.
El secretario general de la federación internacional, Stephen Cotton, respaldó las definiciones locales y manifestó que las organizaciones internacionales de transporte coordinarán acciones globales en caso de aplicarse sanciones o multas contra las entidades sindicales argentinas.
La articulación de un plan de acción conjunto entre las diferentes vertientes del sindicalismo y la resolución de las candidaturas opositoras abren un panorama de incertidumbre en el escenario político.
Resta determinar si las diferentes corrientes del justicialismo lograrán unificar criterios de representatividad frente a las reformas estructurales vigentes o si la fragmentación actual profundizará la distancia con las demandas de la sociedad.
Ante reiteradas amenazas de muerte recibidas en Instagram, el analista Gastón Trezeguet acudió a la Justicia. La Fiscalía Número 5 inició una investigación y la Policía de la Ciudad tramitó un dispositivo de seguridad para el panelista.
Shaun Evans, integrante del equipo VAR, explicó que se trató de un tic involuntario y el organismo no encontró pruebas para sancionarlo, pese al fuerte reclamo de Fare Network.
En medio de la tensa interna justicialista, la diputada Berenice Iañez cuestionó el liderazgo de Cristina Kirchner desde su residencia porteña. El espacio de Axel Kicillof busca renovar la doctrina del PJ, provocando el inmediato rechazo de La Cámpora.
Por decisión unánime del Primer Panel del Tribunal Supremo, el excongresista enfrentará cuatro años de cárcel por coordinar sanciones en el extranjero contra magistrados brasileños, buscando liberar a Jair Bolsonaro de su sentencia por intento de golpe.
Robert Kuzovkov, caricaturista refugiado desde 2021, falleció tras recibir cinco disparos en la ciudad de Biała Podlaska. Investigadores polacos detuvieron a dos ciudadanos bielorrusos y manejan la hipótesis de una ejecución por motivos políticos.
Pablo Moyano rompió el silencio en una cumbre sindical, dio por fracasadas las vías institucionales de la CGT y reclamó volver a las calles para enfrentar la reforma laboral del Gobierno.
Un sargento de la Policía Bonaerense falleció tras recibir un disparo en la cabeza durante un operativo contra el narcomenudeo en un descampado de la localidad. Hay tres sospechosos aprehendidos y la Justicia investiga la procedencia del proyectil.
Modificaron los requisitos administrativos para nombrar magistrados y fiscales mediante el Decreto 467/2026. Con esta normativa, el Poder Ejecutivo eliminó las impugnaciones ciudadanas previas ante el Ministerio de Justicia para acelerar la cobertura de vacantes.