Organismos de la Iglesia exhortan al Legislativo a bloquear las modificaciones sobre la propiedad privada

Organizaciones de la Iglesia católica solicitaron al Congreso rechazar el proyecto oficial sobre propiedad privada, alertando que facilita la extranjerización de tierras y recursos hídricos. Advirtieron que la iniciativa fomenta la especulación inmobiliaria y perjudica el acceso a la vivienda.

Catedral de Buenos Aires. Foto: gob.ar

Diversas entidades vinculadas a la Conferencia Episcopal, los servicios de asistencia social y la defensa de los derechos originarios manifestaron un enérgico rechazo ante la propuesta normativa de protección irrestricta de bienes particulares que promueve la Casa Rosada. A través de un documento colectivo enviado a las dos cámaras parlamentarias, la representación eclesiástica sostuvo que el texto oficial vulnera la soberanía territorial y alimentaria del país, además de mercantilizar los recursos naturales estratégicos. Invocando las doctrinas sociales tradicionales, los firmantes recalcaron que la concentración desmedida quebranta la premisa de que las riquezas del suelo deben favorecer al conjunto social, instando a los representantes del pueblo a priorizar el bienestar colectivo por encima de los réditos de corporaciones particulares durante el inminente tratamiento en comisiones.

El cuestionamiento principal de la cúpula pastoral hace foco en la eliminación de los topes legales para la adquisición de parcelas por parte de capitales internacionales, lo cual podría desproteger áreas críticas con abundantes reservas hídricas y biodiversidad. Asimismo, los referentes religiosos alertaron sobre los riesgos de revertir las penalizaciones ambientales que pesaban sobre las superficies devastadas por el fuego, señalando que tal desregulación operaría como un estímulo para el negocio inmobiliario de carácter especulativo. Los autores de la misiva enfatizaron que el proyecto desmantela la capacidad del Estado para ordenar el suelo y planificar obras de infraestructura, afectando severamente el derecho al hábitat seguro e identitario de las familias vulnerables y los pequeños productores rurales en un contexto ya agravado por el déficit de viviendas que atraviesa la nación.

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