Oficializaron la participación de fuerzas federales como policía auxiliar para reforzar los controles fronterizos y combatir delitos migratorios en todo el país.
Oficializaron la participación de fuerzas federales como policía auxiliar para reforzar los controles fronterizos y combatir delitos migratorios en todo el país.
El Ministerio de Seguridad Nacional creó el Programa de Seguridad Migratoria con el propósito de optimizar el control en las fronteras y coordinar la detección de ilícitos. La medida quedó ratificada mediante la Resolución 551/2026, publicada en el Boletín Oficial con la firma de la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Susana Monteoliva. La normativa dispuso que las fuerzas federales actúen de forma coordinada con la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).
El eje central de la disposición radicó en la creación de las Unidades de Seguridad Migratoria. Estas células funcionarán en el ámbito de la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Policía Federal Argentina (PFA) y la Prefectura Naval Argentina.
De acuerdo con el texto oficial, las nuevas unidades poseerán un rol netamente funcional, por lo que su implementación no demandará una erogación presupuestaria extraordinaria ni la fundación de nuevas estructuras orgánicas.
Los efectivos asignados a estas tareas utilizarán un distintivo especial de “Seguridad Migratoria” y recibirán capacitación específica coordinada por la Dirección Nacional de Formación y Desarrollo Profesional.
Entre sus tareas principales figurarán la prevención en áreas de control aduanero, la investigación de delitos migratorios y el mantenimiento del orden público en los pasos fronterizos. El titular de la Secretaría de Seguridad Nacional asumió la responsabilidad de supervisar y coordinar de manera directa este esquema de trabajo conjunto.
Los considerandos de la resolución ministerial justificaron la urgencia de la medida en la detección de movimientos migratorios irregulares en la región. El documento oficial señaló que dichos flujos son explotados por organizaciones criminales que intentan infiltrarse en el territorio, representando una problemática para la seguridad nacional.
Este programa se estableció como una continuidad de la Reforma Migratoria dictada a través del Decreto 366/2025. Aquella norma previa endureció los requisitos para la obtención de residencias y agilizó los mecanismos de expulsión de extranjeros que cometieron delitos en el país.
En este marco, la ministra, Alejandra Susana Monteoliva, comunicó que durante los últimos seis meses las autoridades concretaron la expulsión de 14.000 extranjeros.
La institucionalización de estos controles policiales generó reacciones en diversos sectores de la sociedad civil. La Iglesia Católica argentina expresó sus reparos respecto del rumbo de la política migratoria actual.
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Asimismo, los religiosos advirtieron que las modificaciones regulatorias provocan incertidumbre en los procesos de radicación legal, dificultando el acceso a la identidad y al trabajo.
El nuevo ordenamiento institucional plantea un escenario de reconfiguración en la administración de las fronteras. Restará evaluar cómo impactará la intervención de las fuerzas de seguridad en los tiempos de tránsito internacional y de qué manera se articulará la protección de los derechos civiles en las terminales de ingreso al país.
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