La Secretaría General de la Presidencia incrementó un 141% su presupuesto

La Secretaría General de la Presidencia incrementó un 141% su presupuesto de gastos flexibles, superando los 1.135 millones de pesos. Aunque se confirmó que Karina Milei y Victoria Villarruel poseen tarjetas corporativas, el Gobierno mantiene bajo reserva sus consumos.

Javier Milei y Karina Milei. Foto: NA.

El financiamiento destinado a los gastos discrecionales del área de la Jefatura de Estado experimentó un incremento exponencial que supera el doble de los recursos asignados con anterioridad, consolidando un flujo que escaló por encima de los mil cien millones de pesos. Este crecimiento financiero corre en paralelo con la utilización de instrumentos plásticos de crédito institucional provistos por la banca pública, asignados a las máximas figuras de la conducción del país y sus equipos técnicos más cercanos. No obstante, las rendiciones minuciosas sobre el destino de estas erogaciones se mantienen bajo una condición de reserva gubernamental, limitando el acceso a los comprobantes de compra y los detalles de las firmas comerciales proveedoras.

La reconfiguración de los montos disponibles quedó plasmada en las normativas del Poder Ejecutivo vigentes desde comienzos de año, las cuales determinaron techos transaccionales individuales elevados y pautas de excepción ligadas al sostenimiento de misiones oficiales internacionales o abonos de prestaciones energéticas básicas. Ante los requerimientos institucionales por mayor transparencia, las dependencias oficiales concedieron únicamente el padrón general de las decenas de plásticos activos y las identidades de las autoridades habilitadas para efectuar transacciones en la plataforma digital financiera. Entre los portadores registrados destacan la Secretaria General, la Vicepresidenta de la Nación y diversas segundas líneas de los equipos de comunicación audiovisual y coordinación política.

A pesar de que el andamiaje informático provisto por los convenios bancarios estatales permite el seguimiento pormenorizado y digital de cada movimiento monetario en tiempo real, las solicitudes ciudadanas de acceso a las facturas y expedientes fueron denegadas en sus tramos sustanciales. Esta reticencia oficial a ventilar las planillas contables convive con superposiciones de funciones operativas dentro del propio circuito de fiscalización del Fondo Rotatorio, donde los mismos agentes encargados de custodiar las finanzas figuran simultáneamente como usuarios habilitados para efectuar consumos. Asimismo, un procedimiento de auditoría interna sustanciado hace pocos meses sobre potenciales anomalías en el uso de estas herramientas fue archivado por las oficinas de sumarios sin que se hicieran públicos los pormenores del dictamen.

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