La Agencia de Recaudación y Control Aduanero denunció penalmente a importantes bancos y aerolíneas por presuntas irregularidades en aportes previsionales y deducciones infladas. Mientras el sector corporativo tilda la medida de exagerada, el fisco intensifica controles ante la caída de ingresos.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero inició una ofensiva legal contra destacadas entidades crediticias del ámbito local y firmas del sector aerocomercial, radicando demandas en los tribunales penales económicos por supuestas inconsistencias en el giro de aportes previsionales y la inclusión de deducciones sobredimensionadas en las liquidaciones del gravamen sobre los ingresos. La avanzada gubernamental, motivada por un persistente retroceso en la percepción de recursos fiscales y el avance del empleo no registrado, apunta a retrasos en la transferencia de las cargas sociales retenidas al personal. No obstante, las cámaras del sector afectado calificaron las medidas como desproporcionadas y puramente demostrativas, argumentando que las correcciones en las declaraciones juradas responden a dinámicas habituales de reajustes salariales retroactivos y no a una voluntad de evasión.
Las inspecciones de la autoridad recaudatoria se extendieron de forma simultánea a rubros con alta densidad de mano de obra, exponiendo márgenes significativos de informalidad laboral en cadenas gastronómicas, plantas procesadoras de carne y bocas de expendio de artículos para el hogar. Mientras las corporaciones privadas atribuyen el incremento de expedientes judiciales a cambios recientes en los estamentos técnicos del organismo estatal, desde las dependencias oficiales justifican el rigor de los operativos basándose en las facilidades normativas e impositivas otorgadas previamente al sector empresarial. La fiscalización coincide con un escenario macroeconómico complejo, caracterizado por una merma real en los ingresos de la seguridad social y un incremento de la precariedad laboral, que según los últimos indicadores estadísticos nacionales ya afecta a más de cuatro de cada diez trabajadores activos en el territorio.
Por el Día del Padre, la Casa Rosada homenajeó al gendarme Nahuel Gallo, liberado tras su secuestro en Venezuela, destacando el valor de la familia. Por su parte, el presidente Javier Milei saludó compartiendo una ilustración junto a sus mastines.
El nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados limita la asistencia de luz y gas a hogares con ingresos menores a tres canastas básicas y sin bienes suntuarios. Los descuentos aplican a topes de consumo y el trámite se gestiona vía internet.
La ANMAT prohibió la comercialización de los cosméticos “Tan orgánico” por carecer de registro sanitario y venderse ilegalmente en internet sin garantías de seguridad. Asimismo, vetó un lote de instrumental traumatológico extraviado al perderse el control de su esterilización.
Las expensas en Buenos Aires se desaceleraron y subieron solo 0,1% en mayo, quedando bajo la inflación. Sin embargo, el invierno presionará los presupuestos por los costos de calefacción central, mientras persiste un 17% de morosidad en los edificios.
La Asamblea General de la OEA comenzó en Panamá con Argentina alineada estratégicamente con Estados Unidos en temas de seguridad regional. El foro está marcado por las crisis institucionales del continente y tensiones financieras con el secretario general Albert Ramdin.
La Libertad Avanza frenó el tratamiento de leyes económicas clave en Diputados para evitar que la oposición use el recinto para interpelar a Manuel Adorni. Los aliados muestran cautela, prefiriendo que el Senado asuma el costo de la controversia patrimonial.
Pese a las tensiones legislativas actuales, el PRO prioriza consolidar una alianza electoral con La Libertad Avanza. El objetivo es replicar listas conjuntas en la provincia de Buenos Aires y negociar la unidad en la Capital respaldando la reelección de Jorge Macri.
La fiscalía de San Isidro pidió indagar al exdiputado José Luis Espert por lavado de dinero. Se lo acusa de blanquear 200.000 dólares de una red criminal mediante contratos mineros falsos, compra de autos de lujo y fideicomisos inmobiliarios.
