Estados Unidos amplió sus sanciones a Cuba contra cinco empresas estatales y la nuera de Raúl Castro, desestimando sus reformas económicas recientes. Las medidas afectan a firmas militares, bancarias y mineras, profundizando el bloqueo impulsado por el Gobierno de Trump.
La Casa Blanca intensificó su política de asfixia financiera sobre la administración de la isla caribeña mediante la aplicación de penalizaciones dirigidas a estructuras corporativas públicas y al entorno directo de la cúpula gobernante. El secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, formalizó las restricciones contra un conjunto de corporaciones administradas por los sectores de defensa, argumentando que dichos consorcios operan como fuentes de financiamiento para las agencias de inteligencia y contención interna en detrimento de los servicios públicos de la población. La disposición incluye congelamientos de activos para firmas de intermediación bancaria, terminales de almacenamiento portuario y una familiar directa del linaje de Raúl Castro, extendiendo además advertencias de represalias arancelarias para corporaciones internacionales que mantengan vínculos operativos con estas entidades.
El dictamen punitivo de los despachos estadounidenses golpea de igual modo al sector extractivo y metalúrgico isleño, afectando a la principal planta productora de acero del territorio —recientemente reacondicionada mediante capitales provenientes de Moscú— y a firmas mineras que operan bajo regímenes de asociación mixta con corporaciones de origen australiano. El endurecimiento de la postura de la gestión de Donald Trump se manifiesta apenas a noventa y seis horas de que las autoridades cubanas promulgaran una profunda reconfiguración de su modelo económico tradicional, la cual habilitaba por primera vez la banca de gestión privada y la devaluación planificada de la moneda local para sortear el desabastecimiento energético continental agudizado tras las intervenciones militares en Sudamérica.
El ministro Federico Sturzenegger defenderá en el Senado una reforma para flexibilizar la creación y digitalización de sociedades comerciales. Pese al impulso oficial, entidades mercantiles advirtieron sobre riesgos de desprotección financiera y vacíos legales ante el uso de inteligencia artificial.
Argentina extraditó desde Uruguay a dos franceses acusados de traficar 37 kilos de cocaína hacia París mediante encomiendas. Los sospechosos, capturados tras dejar más droga en Palermo, serán indagados por la Justicia penal económica por tentativa de contrabando.
Una masa de aire polar generó temperaturas extremas y heladas en gran parte del país, con marcas de hasta cuatro grados bajo el promedio histórico. El Servicio Meteorológico emitió alertas amarillas por frío, nevadas patagónicas y viento zonda en el NOA.
El oficialismo busca aprobar en Diputados el Súper RIGI para inversiones tecnológicas y validar el pago de 171 millones de dólares a holdouts antes del límite de junio. Con el apoyo de bloques aliados, garantizan votos y el quórum.
El chofer que atropelló y mató a una joven en Mar del Plata declaró que una falla mecánica en la dirección le impidió maniobrar. Quedó libre pero imputado, mientras la fiscalía aguarda pericias que constaten la versión de los testigos.
La cuenta de X de Cadena 3 sufrió un hackeo para difundir una noticia falsa sobre un presunto ACV de Cristina Kirchner. El medio cordobés borró la publicación apócrifa, restableció la seguridad del perfil y desmintió el reporte clínico.
El juez supremo Ricardo Lorenzetti afirmó que el Poder Judicial argentino carece de independencia al no gestionar su propio presupuesto. Asimismo, defendió la condena penal a Cristina Kirchner, criticó a los operadores políticos y urgió a cubrir las vacantes de la Corte.
El Gobierno aceleró la eliminación de barreras antidumping para abrir las importaciones de insumos industriales clave como aluminio y plásticos. La medida busca abaratar costos fabriles, pero los industriales advierten por el impacto negativo en el empleo y la producción local.
