Querellas de familiares solicitaron cinco años de prisión para cuatro exjefes navales por el hundimiento del ARA San Juan en 2017. Sostuvieron que los mandos conocían los fallos técnicos previos y enviaron a los 44 tripulantes en una misión desprotegida.
El debate oral y público que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz ingresó en su etapa de definiciones con una fuerte acusación por parte de las representantes legales de los damnificados. Las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias inauguraron las exposiciones de cierre solicitando una condena de cinco años de reclusión e inhabilitación absoluta para los cuatro exjefes de la Armada Argentina imputados por el siniestro marítimo que costó la vida de cuarenta y cuatro oficiales en noviembre de dos mil diecisiete. Durante la argumentación, el equipo letrado descartó de plano que la pérdida del navío haya respondido a contingencias climáticas o vicisitudes imponderables del océano, atribuyendo el desenlace de la patrulla a una sucesión de directivas desacertadas y omisiones graves dentro del escalafón jerárquico que autorizó el despliegue de la unidad de combate.
El reproche judicial se concentró en las figuras de los exmiembros de la fuerza Luis López Mazzeo, Claudio Villamide, Héctor Alonso y Hugo Correa, a quienes se les atribuye haber avalado la travesía a sabiendas del paulatino deterioro técnico y el prolongado desinterés en las reparaciones esenciales que arrastraba el buque. Asimismo, las querellantes desacreditaron la estrategia corporativa de las defensas, que intentaban depositar la culpa de la maniobra final de forma exclusiva sobre el fallecido comandante Pedro Fernández. Para desarmar esa postura, las letradas demostraron que el capitán de la nave había elevado informes precisos y alertas formales sobre fallas operativas previas, especialmente tras un patrullaje complejo acontecido a mediados de ese mismo año, antecedentes informativos que fueron sistemáticamente ignorados por los mandos superiores de la base operativa.
La sesión judicial celebrada en el sur del país dejó en claro que la acusación no circunscribe la catástrofe a las horas críticas previas a la implosión del submarino, sino al cúmulo de riesgos previsibles asumidos por el personal terrestre a cargo de la logística. Las representantes de los derechohabientes concluyeron que la tripulación zarpó desprovista de las garantías básicas de seguridad, configurando una cadena de responsabilidades institucionales que excedía por completo las atribuciones de la cabina de mando. En las audiencias subsiguientes, el estrado continuará escuchando las posturas de los restantes bloques de la acusación colectiva y los argumentos de los defensores de los oficiales navales, antes de que los magistrados patagónicos dicten un veredicto definitivo en uno de los expedientes más sensibles de la historia militar contemporánea.
El oficialismo y bloques aliados lograron la aprobación del régimen que otorga beneficios fiscales por 30 años a inversiones superiores a los 1000 millones de dólares. La iniciativa pasa al Senado en medio de duras críticas de la oposición.
El defensor cordobés Lucas Trejo, jugador del Sport Marítimo de La Guaira, lanzó un desesperado pedido en redes sociales para localizar a su esposa y sus dos hijos. La familia se encontraba en un edificio que colapsó tras los sismos.
Northfield School de Escobar y el Colegio San Pedro Apóstol de Córdoba quedaron seleccionados como finalistas en los prestigiosos World’s Best School Prizes 2026. Las instituciones compiten en las categorías de Innovación y Acción Ambiental frente a escuelas de todo el mundo.
El estado de La Guaira sufre un panorama desolador tras los dos potentes sismos en Venezuela. Mientras la cifra oficial provincial es incierta, el Servicio Geológico de EE.UU. estimó de 10.000 a 100.000 muertes en el país debido al colapso estructural.
Dos fuertes sismos de 7,2 y 7,5 grados sacudieron el norte de Venezuela dejando devastación masiva. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, confirmó la cifra de víctimas. Rige la emergencia nacional por graves daños de infraestructura.
La semana pasada sostuvo que es inocente y que las piezas acusatorias no se ajustan a como fueron las cosas.
El cierre neto de más de 26 000 empresas, en su enorme mayoría pymes, evidencia una dura crisis productiva. Industriales advierten que la apertura importadora y los altos costos en dólares destruyen empleo, mientras el prometido derrame energético no llega.
La conducción de la CGT evalúa un plan de lucha contra la reforma laboral ante los reveses judiciales y la falta de diálogo oficial. El debate oscila entre un paro general o un esquema de huelgas escalonadas por sectores.
