La Corte Suprema de Justicia dejó firme la actualización del decomiso de bienes en el marco de la causa Vialidad. La resolución unánime del máximo tribunal desestimó los recursos extraordinarios interpuestos por las defensas, ratificando el avance inmediato de la ejecución patrimonial y el remate de activos.
Las claves financieras del fallo definitivo:
La valuación total de la penalidad económica ascendió a los 685.000 millones de pesos.
La orden de incautación dictada por la Justicia afecta directamente a un total de 111 bienes.
Los imputados declarados culpables deberán responder bajo el régimen de responsabilidad solidaria.
Los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti avalaron el informe del Cuerpo de Peritos Contadores, sepultando la última estrategia procesal de la expresidenta. A partir de este escenario técnico, las autoridades judiciales reactivarán las medidas cautelares destinadas a recuperar los fondos sustraídos.
Tasación de bienes en el sur y ejecución solidaria
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ya coordinó los primeros operativos de tasación sobre las propiedades inmuebles localizadas en la Patagonia. Debido a que los activos del empresario Lázaro Báez ya fueron absorbidos en la quiebra de Austral Construcciones y en juicios por lavado, Cristina Fernández de Kirchner concentra la mayor exposición patrimonial ante el requerimiento del juzgado.
La exjefa de Estado cumple desde hace un año la condena de seis años de prisión bajo arresto domiciliario, tras la ratificación del fallo. En el expediente de la causa se dio por probada una maniobra de fraude continuado mediante el direccionamiento de 51 licitaciones de obra pública vial que beneficiaron exclusivamente al Grupo Austral.
Además de las figuras de los mandatarios, la sentencia dictada por los magistrados federales abarcó a exfuncionarios del área de vialidad con penas de prisión efectiva. Entre los civiles condenados figuran Nelson Periotti y Francisco López, considerados penalmente responsables de provocar un severo daño económico contra el Estado Nacional.
El rechazo a los planteos de las defensas
Los representantes legales de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ariel Llernovoy, intentaron frenar las medidas de remate denunciando una afectación directa a las garantías constitucionales de propiedad. En sus respectivas apelaciones, argumentaron que la fiscalía pretendía instrumentar un mecanismo de cobro civil totalmente ajeno al proceso penal.
Los defensores también alegaron en sus escritos la existencia de una supuesta litispendencia por la superposición de embargos preventivos en expedientes como la Ruta del Dinero K. Asimismo, reclamaron que el encuadre temporal del decomiso debió computarse únicamente desde 2009, fecha en que la imputada asumió la coautoría legal de los actos.
Al desestimar estos argumentos de forma unánime, el máximo tribunal de la Nación avaló lo dictado por los jueces competentes, reafirmando la plena competencia de la justicia penal. La firma de los ministros del tribunal clausura definitivamente la vía recursiva, dejando el camino totalmente despejado para las subastas públicas.