El Hotel Presidente recurrió a la Justicia comercial contra la aerolínea low cost por servicios hoteleros impagos. La presentación reclama el desembolso de 49 facturas adeudadas durante los últimos siete meses por una suma superior a los 660 millones de pesos.
La aerolínea low cost Flybondi enfrenta una presentación judicial de pedido de quiebra debido a una grave falta de pago comercial. La denuncia fue radicada formalmente en los tribunals por las autoridades de un reconocido establecimiento hotelero de cuatro estrellas ubicado en pleno centro porteño.
Radiografía del colapso financiero:
Monto reclamado: Un total de $660.721.114,03 acumulados al 11 de junio.
Facturas vencidas: Se registran 49 comprobantes impagos en los últimos siete meses.
Flota paralizada: La aerolínea tiene actualmente nueve aviones fuera de servicio.
El reclamo formal fue interpuesto por las autoridades del Hotel Presidente, propiedad del reconocido empresario sectorial Aldo Elías, quien se desempeña como vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT). Desde la firma hotelera explicaron que el pasivo se generó por la acumulación sistemática de deudas entre diciembre de 2025 y junio de 2026.
Los demandantes aseguraron que se enviaron intimaciones previas vía carta documento otorgando un estricto plazo de 48 horas para regularizar los saldos, el cual no recibió respuesta por parte de los directivos. “La intimación cursada tampoco fue atendida por la deudora, circunstancia que demuestra su postura y configura el presupuesto habilitante para promover el presente pedido”, detallaron los representantes legales de la firma en el expediente.
La causa comercial quedó radicada ante el Juzgado Comercial N°24, Secretaría N°47, bajo la órbita técnica directa del magistrado Guillermo Pesaresi. El juez mercantil interviniente ya solicitó a la parte querellante una ampliación detallada de las pruebas documentales y contables presentadas para poder avanzar formalmente con el proceso de quiebra.
Específicamente, las autoridades judiciales requirieron un desglose pormenorizado de los servicios específicos de alojamiento que originaron las facturas bajo sospecha. Mientras tanto, la compañía de transporte aéreo sumó un nuevo frente de conflicto legal en medio de su peor crisis operativa e institucional desde su fundación en 2018.
El marcado freno en las actividades de la firma aérea responde a graves inconvenientes en los contratos de leasing corporativo y demoras en los controles técnicos de mantenimiento de la flota. La falta de liquidez también afectó el canal de proveedores locales, registrando retrasos en los pagos de combustible con la petrolera YPF semanas atrás.
La gravedad de la parálisis obligó a la aerolínea de bajo costo a cancelar la totalidad de su grilla de vuelos planificados el jueves pasado. Las estadísticas del sector aerocomercial revelan que la empresa llegó a operar con un único avión activo a comienzos de junio por la inmovilización forzosa del resto de sus aeronaves.
Debido a este escenario de desatención, la firma acumula una denuncia penal por más de 2.500 vuelos dados de baja repentinamente en los últimos meses. Esta presentación judicial, motorizada por el letrado Lucas Bianco, busca defender los derechos de 350.000 pasajeros damnificados según informes de la consultora Adventus.
A este complejo frente comercial se le añaden los reclamos laborales de un grupo de extrabajadores de la propia línea aérea. Los empleados damnificados exigen el pago inmediato de las indemnizaciones correspondientes a los retiros voluntarios acordados durante el mes de marzo en el marco de un plan corporativo de rediseño organizacional.
Ante la ratificación del rumbo fiscal para 2027, el indicador de JP Morgan retrocedió este jueves a 417 puntos. La deuda soberana se despegó de los mercados emergentes, mientras los dólares financieros registraron leves incrementos.
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