Cristina Kirchner busca frenar el remate de sus bienes

Tribunales federales ingresaron en la etapa decisiva para la recuperación de activos vinculados a la causa por administración fraudulenta en la obra vial de Santa Cruz. Luego de ratificarse el cálculo de actualización monetaria, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que el monto final que deberán afrontar las personas condenadas asciende a $684.990.350.139,86.

Esta cifra representa un incremento respecto de los $84.835.227.378,04 fijados originalmente en noviembre de 2022, ajustados según el Índice de Precios al Consumidor del INDEC hasta mayo de 2025.

Paralelamente, las defensas de la expresidenta de la Nación Cristina Kirchner y del exempresario Lázaro Báez articularon una serie de recursos de queja. Estas presentaciones judiciales buscan revocar la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que avaló la continuidad de los embargos y decomisos.

Fuentes del edificio de la calle Talcahuano indicaron que las últimas impugnaciones ingresaron hace menos de un mes, aunque aclararon que dichos recursos carecen de efecto suspensivo sobre el trámite de ejecución patrimonial.

Impugnación por bienes familiares

Carlos Beraldi, abogado defensor de la exmandataria, centró su estrategia en resguardar el patrimonio de los hijos de la funcionaria, Máximo y Florencia Kirchner. La defensa argumentó que no se produjeron medidas probatorias aptas para determinar que las propiedades asignadas a los herederos constituyan el producto directo de las conductas ilícitas investigadas.

El tribunal remitió la información detallada de los activos a la Base General de Datos de Bienes Secuestrados o Decomisados de la Justicia Nacional y Federal.

Consecuentemente, el proceso abarca una nómina de 20 inmuebles. Entre las propiedades identificadas se encuentra el departamento ubicado en la calle San José 1111, sitio donde la exfuncionaria permanece bajo arresto desde hace un año.

Asimismo, la medida judicial alcanza a complejos habitacionales construidos bajo la modalidad de fideicomiso en la calle Mitre 535 de Río Gallegos, terrenos comerciales en El Calafate y depósitos bancarios que suman cerca de cinco millones de dólares custodiados en cajas de seguridad.

Destino de los fondos

Por otra parte, la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó formalmente que las dependencias especializadas del organismo asuman la gestión y custodia de los activos recuperados.

Corresponde constitucionalmente a la Corte Suprema resolver esta petición, disponiendo si los inmuebles se incorporan a las prestaciones del Poder Judicial, si se transfieren a entidades públicas requirentes o si se liquidan mediante subastas públicas oficiales.

Los magistrados del Tribunal Oral en Lo Criminal Federal 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, señalaron previamente que estas medidas accesorias poseen una finalidad estrictamente reparadora del daño social ocasionado.

Sin un cronograma perentorio para dictaminar sobre los últimos recursos de queja, la tramitación continuará bajo el análisis técnico de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Frente a un escenario donde la cuantificación económica del perjuicio estatal quedó firmemente establecida, el laberinto procesal de las ejecuciones patrimoniales abre un debate profundo sobre la efectividad real de los mecanismos de recuperación de activos en causas complejas.

Resta determinar si la administración judicial de las propiedades logrará cumplir con la función restaurativa hacia la comunidad en los tiempos que demanda la sociedad, o si las sucesivas instancias de revisión jurídica postergarán indefinidamente la liquidación final de los bienes.