La Asamblea de Ecuador aprobó una ley que reduce de seis años a 45 días los trámites de extradición para agilizar el combate al crimen organizado. La norma fija plazos claros, excluye delitos políticos y espera la sanción presidencial.
La Asamblea de Ecuador aprobó una ley que reduce de seis años a 45 días los trámites de extradición para agilizar el combate al crimen organizado. La norma fija plazos claros, excluye delitos políticos y espera la sanción presidencial.
La Asamblea Nacional de la República del Ecuador sancionó un marco normativo enfocado en reestructurar los mecanismos de traslado de imputados hacia jurisdicciones extranjeras, reemplazando un estatuto técnico que regía desde el inicio del milenio. La iniciativa cosechó el respaldo de casi la totalidad de las bancadas, incluyendo a los representantes del movimiento Revolución Ciudadana, fuerza que acompañó la moción bajo la premisa de aportar herramientas institucionales contra las mafias transfronterizas, a pesar de manifestar reservas sobre el alcance real de la medida frente a la crisis de seguridad pública. Los fundamentos de la reforma exponen que las deficiencias de la anterior reglamentación dilataban los expedientes por más de un lustro debido al vacío en la delimitación de plazos y competencias; con la nueva ordenanza, los tiempos globales se comprimen a un lapso de cuarenta y cinco jornadas mediante la conformación de una oficina técnica de control de gestión.
La actualización de las reglas de juego encuentra su antecedente en las reformas plebiscitarias del año 2024, cuando la ciudadanía votó a favor de levantar el blindaje constitucional que impedía el envío de nacionales reclamados por tribunales de otros países. Dicha modificación facilitó la remisión a Norteamérica del cabecilla de la organización delictiva Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar, un acontecimiento inédito que inauguró los operativos de cooperación binacional de alta complejidad. Las autoridades oficialistas promotoras del debate remarcaron que el propósito principal de fijar pautas operativas rigurosas es multiplicar los procedimientos de expatriación de los altos mandos criminales cuyas facciones mantienen bajo disputa armada a diversos distritos del territorio nacional.
El texto aprobado discrimina con precisión los componentes procedimentales de las solicitudes, tanto en sus variantes activas como pasivas, asignando funciones específicas a los ministerios de relaciones exteriores y a los órganos de la magistratura para evitar arbitrariedades en la toma de decisiones. No obstante, las cláusulas del documento preservan las garantías humanitarias tradicionales, estipulando que los requerimientos formulados bajo la sospecha de persecuciones ideológicas o delitos tipificados como estrictamente políticos serán denegados de forma sistemática. La disposición final del articulado fue girada a la sede del Ejecutivo, quedando bajo la potestad del mandatario Daniel Noboa la promulgación definitiva o la aplicación del veto presidencial.
Un mexicano de 28 años murió atropellado en Florida al intentar huir de un operativo del ICE. El trágico suceso reavivó los cuestionamientos hacia la agencia migratoria e intensificó las tensiones diplomáticas y judiciales entre los gobiernos de México y EE. UU.
Las ventas de combustibles mostraron signos de estabilización en mayo con una leve baja del 0,2% interanual. Aunque el volumen creció respecto a abril y lideró YPF, la recuperación fue dispar, con incrementos en solo ocho provincias del país.
Marco Rubio advirtió que EE. UU. no permanecerá indiferente tras la cancelación de elecciones en Nicaragua por parte del régimen de Ortega. La Casa Blanca llamó a la comunidad internacional a aislar diplomáticamente a Managua y analiza aplicar nuevas sanciones.
Las cadenas hoteleras españolas Meliá e Iberostar completaron su salida definitiva de Cuba debido al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y la severa crisis energética de la isla, poniendo fin al histórico modelo turístico ibérico en la región.
México y Estados Unidos iniciaron la primera revisión anual del TMEC. Mientras el Gobierno de Claudia Sheinbaum busca preservar los beneficios arancelarios, Washington presiona para reducir el déficit comercial e imponer nuevas reglas de origen en la industria.
La fiscalía de Nueva York propuso iniciar en junio de 2027 el juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por narcotráfico. El matrimonio, detenido en Brooklyn tras una operación militar en Caracas, mantiene su declaración de inocencia.
El Gobierno de EE. UU. solicitó inmunidad judicial para Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, en una causa por torturas a tres estadounidenses. Washington la reconoce como jefa de Estado en activo, excluyéndola de la indemnización millonaria ordenada en Florida.
Estados Unidos envió 18 toneladas de insumos básicos y alimentos a Cuba, gestionados por organizaciones católicas para 700 familias. Este despacho inicia un fondo humanitario de 100 millones de dólares promovido por Washington ante la crisis energética insular.
