El Gobierno porteño promulgó la desregulación de la VTV, eliminando el monopolio de las siete plantas tradicionales y liberando las tarifas. Los talleres privados realizarán los controles, extendiéndose a cinco años el plazo para la primera revisión en autos nuevos.
A través de la promulgación de la Ley 6.963, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires formalizó una profunda reforma en el sistema de control automotor, sintonizando con las políticas de liberalización impulsadas desde la Casa Rosada. La nueva normativa, que cosechó un amplio respaldo legislativo, sepultará paulatinamente el esquema de concesiones cerradas que operaba en las siete sedes habituales. En su lugar, se dará apertura a un sistema de libre concurrencia donde talleres privados, concesionarios oficiales e importadores homologados podrán constituirse como centros de revisión tras inscribirse en un padrón fiscalizador. Esta mutación apunta a diversificar la oferta y promover una reducción de costos para los conductores, dado que los valores del trámite dejarán de estar regulados por el Estado.
La transición hacia este modelo de competencia de precios se implementará de forma escalonada, aprovechando la finalización de los contratos vigentes con las prestatarias actuales a finales de este ciclo anual. Para asegurar los estándares de prevención vial, cualquier establecimiento comercial que aspire a emitir las constancias de aptitud deberá incorporar equipamiento tecnológico idéntico al de las plantas tradicionales. Mientras se desarrolla este proceso de habilitación masiva, los titulares de vehículos deberán continuar gestionando sus turnos mediante los canales digitales tradicionales del Ejecutivo metropolitano.
La legislación introduce modificaciones sustanciales que alivian la carga burocrática para los propietarios de rodados particulares. Los automóviles nuevos o con nulo kilometraje inicial gozarán de un período de gracia extendido de sesenta meses antes de someterse a su primera evaluación técnica. Posteriormente, la validez del apto mecánico se prolongará por veinticuatro meses consecutivos hasta que la unidad alcance una década de antigüedad, momento a partir del cual el examen volverá a tener periodicidad anual. Adicionalmente, la ley convalida la fiscalización mediante credenciales digitales en dispositivos móviles para los operativos viales, manteniendo el derecho a un segundo examen sin cargo dentro de un plazo de sesenta días si el vehículo resulta rechazado.
Esquema de patentes: El orden de turnos mensual regido por el último número del dominio del rodado permanece inalterable.
Flotas comerciales y transportes: Los vehículos destinados al servicio de alquiler con chofer, tales como taxis, conservarán sus pautas de control habituales.
Unidades de gran porte y colección: Los transportes que excedan las dimensiones estándar recibirán auditorías específicas por parte de ingenieros matriculados, en tanto que los coches históricos con más de tres décadas de antigüedad accederán a parámetros de evaluación adaptados a su época de fabricación.
Trabajadores estatales marcharán al Ministerio de Economía este lunes 3 de agosto en el marco de un paro nacional convocado por ATE, reclamando recomposición salarial y el freno a los despidos en el reinicio escolar.
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