El Gobierno busca destrabar la reforma electoral con las provincias

Durante las dos semanas de receso parlamentario, la Jefatura de Gabinete intensifica los contactos con mandatarios provinciales para destrabar la reforma electoral y el paquete económico en el Congreso, en busca de evitar la fragmentación política y acordar concesiones fiscales.

Diego Santilli y Patricia Bullrich en el Senado de la Nación. Foto: NA.

El receso de invierno en el Congreso de la Nación comenzó con una intensa actividad negociadora en los despachos de la Casa Rosada. El Poder Ejecutivo Nacional, encabezado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, aceleró los contactos con gobernadores provinciales y bloques parlamentarios aliados para destrabar la reforma político-electoral antes del cierre del año legislativo. La iniciativa principal apunta a eliminar las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) o, en su defecto, acordar su suspensión transitoria para el próximo ciclo electoral.

Para lograr la aprobación de modificaciones electorales, la legislación exige una mayoría absoluta de 129 votos en la Cámara de Diputados y 37 en el Senado. La Libertad Avanza cuenta únicamente con 21 bancadas en la Cámara Alta, situación que fuerza al oficialismo a tejer acuerdos con el PRO, el radicalismo y representantes provinciales.

En el centro de la negociación, la Casa Rosada argumentó que la supresión de los comicios primarios generará un ahorro fiscal de 300 millones de dólares y evitará la sobrecarga del calendario electoral.

Garantías territoriales y el esquema de colectoras

Las reticencias de los mandatarios provinciales no responden únicamente al aspecto financiero. Dirigentes territoriales expresaron incertidumbre sobre el cumplimiento de los pactos de cierre de listas por parte de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Como alternativa para sumar adhesiones, el oficialismo evalúa habilitar un sistema de colectoras. Esta herramienta permitiría que las boletas provinciales adhieran a la candidatura presidencial del oficialismo, manteniendo su identidad en las competencias locales.

Sin embargo, las tensiones internas en el PRO también dificultan el consenso. Mientras la dirigencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires muestra apertura hacia una fórmula unificada, el ex presidente Mauricio Macri mantiene su postura favorable a la vigencia de las elecciones primarias.

Desde el entorno oficialista confían en que el peso de los gobernadores afines al partido amarillo incline la votación en la Cámara Baja, liderada por el diputado Cristian Ritondo.

Proyectos económicos paralizados en la Cámara Alta

El congelamiento del debate electoral arrastra a una amplia lista de iniciativas económicas del Poder Ejecutivo. Entre los proyectos estancados en el Senado figura el denominado Súper RIGI, que otorga beneficios impositivos por 30 años a inversiones superiores a 1000 millones de dólares, y la modificación del régimen de subsidios al gas por zona fría.

Paralelamente, la iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, redactada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, no logró prosperar al proponer la eliminación del límite actual del 15% para la venta de tierras rurales a extranjeros.

De cara al reinicio de la actividad parlamentaria en agosto, el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, prevé enviar una ampliación del régimen de inocencia fiscal para promover el ingreso de divisas.

Asimismo, el Gobierno planea remitir reformas a la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y la ley de déficit cero, conocida como “shutdown”. Estas medidas buscarán contención financiera de cara al tratamiento del Presupuesto, la pieza clave con la que la Casa Rosada intentará sellar el respaldo definitivo de las provincias.

El éxito de la agenda oficial dependerá de la capacidad del Ejecutivo para transformar las divergencias en acuerdos duraderos. La reanudación de las sesiones ordinarias determinará si las negociaciones en la Casa Rosada logran consolidar las mayorías necesarias o si el Congreso reafirma su rol como dique de contención frente a las reformas del Gobierno.

 

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