El presidente electo anticipó cambios profundos en la estrategia de seguridad y negociación con los grupos armados. Especialistas advierten sobre los desafíos y riesgos que podría enfrentar el país desde el 7 de agosto.
El presidente electo anticipó cambios profundos en la estrategia de seguridad y negociación con los grupos armados. Especialistas advierten sobre los desafíos y riesgos que podría enfrentar el país desde el 7 de agosto.
El próximo 7 de agosto, cuando Abelardo de la Espriella asuma la Presidencia de Colombia, comenzará una nueva etapa para uno de los temas más sensibles de la política nacional: la búsqueda de la paz. El mandatario electo ya dejó en claro que pretende dejar atrás el modelo impulsado por Gustavo Petro y reemplazarlo por una estrategia centrada en la seguridad, el fortalecimiento de la acción judicial y una menor apuesta por las negociaciones políticas con los grupos armados.
Durante la campaña y tras su triunfo electoral, De la Espriella cuestionó con dureza la denominada “Paz Total”, al considerar que no logró los resultados esperados y que terminó fortaleciendo a organizaciones ilegales. En ese marco, adelantó que eliminará organismos vinculados a la política de paz, redistribuirá sus funciones entre distintos ministerios y reducirá el gasto destinado a esa área.
El futuro presidente también sostuvo que durante su gestión “no habrá más procesos de falsa paz”, una definición que refleja el cambio de rumbo que buscará imprimir a partir de su llegada al poder.
La principal diferencia respecto de la administración saliente radica en la forma de abordar el conflicto interno. Mientras Petro impulsó negociaciones simultáneas con el ELN, disidencias de las FARC y organizaciones criminales, el nuevo Gobierno apuesta por mecanismos de sometimiento a la Justicia, donde el eje dejaría de ser político para concentrarse en beneficios judiciales condicionados.
Especialistas consideran que este modelo podría adaptarse mejor a la realidad actual de muchos grupos armados, cuya actividad se encuentra más ligada al control territorial y a economías ilegales que a proyectos ideológicos.
No obstante, el desafío será construir un marco legal sólido que permita avanzar con esos procesos sin abrir nuevos focos de conflicto ni debilitar las instituciones creadas tras los acuerdos de paz.
Uno de los organismos que genera mayor preocupación es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada tras los acuerdos firmados con las FARC en 2016.
Diversos analistas advierten que el discurso del presidente electo podría traducirse en una reducción de recursos o una pérdida de protagonismo para este sistema de justicia transicional, aunque todavía no existen anuncios oficiales sobre una eventual eliminación.
La continuidad de sus investigaciones y el cumplimiento de las sentencias dependerán de las decisiones que adopte el nuevo Ejecutivo y del respaldo que conserve dentro del Congreso y de la Justicia colombiana.
Aunque la administración entrante plantea un endurecimiento frente a las organizaciones criminales, la realidad operativa presenta importantes limitaciones.
Expertos recuerdan que las Fuerzas Armadas llegan a esta nueva etapa con restricciones presupuestarias y necesidades de modernización en áreas sensibles como inteligencia, aviación y equipamiento.
A ello se suma la fortaleza que mantienen estructuras como el Clan del Golfo, considerado actualmente uno de los grupos armados con mayor capacidad territorial y financiera del país.
Para numerosos especialistas, una estrategia basada exclusivamente en operaciones militares podría resultar insuficiente si no va acompañada de políticas sociales, económicas e institucionales que permitan consolidar la presencia del Estado en las regiones más afectadas por la violencia.
La experiencia colombiana demuestra que la captura de líderes o el debilitamiento de una organización muchas veces da lugar al surgimiento de nuevos grupos, prolongando el conflicto.
Otro de los interrogantes gira en torno al futuro de quienes firmaron los acuerdos de paz durante los últimos años.
Algunos analistas consideran que un cambio brusco de las reglas de juego podría generar incertidumbre entre excombatientes, especialmente si perciben que disminuyen las garantías jurídicas o políticas construidas desde 2016.
Al mismo tiempo, la nueva administración deberá decidir qué ocurrirá con las mesas de diálogo actualmente abiertas y si mantendrá algún tipo de negociación con determinadas organizaciones bajo nuevas condiciones.
Más allá de las definiciones sobre seguridad, la llegada de De la Espriella también alimentó un debate político sobre el rumbo institucional del país. Sus críticos lo vinculan con una agenda de mano dura similar a la que impulsan otros gobiernos conservadores de la región, mientras que sus seguidores sostienen que Colombia necesita recuperar el control del territorio y combatir con mayor firmeza a las organizaciones criminales.
El propio presidente electo intentó moderar el tono tras su victoria y aseguró que gobernará para todos los colombianos. Sin embargo, las primeras decisiones que adopte desde agosto serán determinantes para conocer hasta dónde llegará el cambio de paradigma.
Lo que ocurra en los próximos meses marcará no solo el futuro de la política de seguridad, sino también el destino del proceso de paz construido durante la última década, uno de los pilares más trascendentes de la historia reciente de Colombia.
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