Tras desestimar la apelación argentina, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia ratificó la condena por la estatización de Aerolíneas Argentinas. La decisión fija la deuda en 390,9 millones de dólares y abre la puerta a embargos soberanos.
Tras desestimar la apelación argentina, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia ratificó la condena por la estatización de Aerolíneas Argentinas. La decisión fija la deuda en 390,9 millones de dólares y abre la puerta a embargos soberanos.
La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, desestimó el recurso presentado por la República Argentina en el litigio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. La decisión judicial confirmó la validez de la condena original emitida por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), perteneciente al Banco Mundial. De este modo, el Estado nacional deberá afrontar un pago que asciende a 390,9 millones de dólares por la acumulación de intereses.
El conflicto legal comenzó en 2008, cuando el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió expropiar las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral al grupo español Marsans.
Ante la falta de un acuerdo económico por la indemnización, la firma ibérica recurrió al tribunal arbitral del CIADI, que en 2017 emitió una sentencia en contra del país por 320 millones de dólares más honorarios. La representación legal argentina solicitó la anulación del dictamen, pero el organismo internacional rechazó la petición en 2019.
Dado que el CIADI carece de facultades administrativas para embargar bienes de manera directa, las resoluciones deben validarse en los tribunales ordinarios de cada jurisdicción.
El Grupo Marsans cedió sus derechos de litigio a la firma Burford Capital por 107 millones de dólares en 2018, la cual posteriormente vendió el crédito al fondo de inversión Titan Consortium. En 2021, esta última entidad inició las acciones ante la justicia estadounidense para forzar el cobro del laudo arbitral.
La defensa argentina intentó frenar la demanda mediante un planteo de prescripción procesal, argumentando que los plazos legales habían vencido. Sin embargo, los magistrados norteamericanos consideraron inconsistentes las explicaciones de la representación estatal y desestimaron la apelación de forma definitiva.
En paralelo, la resolución de este expediente destrabó la causa judicial impulsada por la compañía Webuild, que permanecía suspendida a la espera de este precedente.
Tras romperse las negociaciones preliminares que ambas partes mantuvieron en noviembre de 2024, Titan Consortium solicitó la autorización judicial para rastrear y embargar bienes soberanos argentinos en territorio norteamericano.
La intención del fondo es tomar posesión de las garantías depositadas en la Reserva Federal de Nueva York vinculadas a los Bonos Brady, emitidos durante la década de 1990.
Con esta maniobra, la firma busca obtener prioridad de cobro por encima de acuerdos recientes firmados por el país con otros acreedores internacionales.
El desenlace de este prolongado diferendo judicial expone los costos financieros derivados de estatizaciones pasadas que no cerraron sus procesos de indemnización en tiempo y forma.
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