En una votación histórica este martes, legisladores franceses dieron luz verde a la ley que prohíbe las redes sociales a menores de 15 años. La norma busca mitigar los peligros virtuales en jóvenes a partir de septiembre.
En una votación histórica este martes, legisladores franceses dieron luz verde a la ley que prohíbe las redes sociales a menores de 15 años. La norma busca mitigar los peligros virtuales en jóvenes a partir de septiembre.
El Parlamento francés aprobó de manera definitiva este martes el proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a menores de 15 años. La iniciativa salió adelante tras obtener 243 votos a favor y 2 en contra en el Senado, seguido por el respaldo de la Asamblea Nacional con 279 sufragios favorables y 81 en contra.
Tras la votación, el presidente de la República Emmanuel Macron celebró el resultado calificado por él como «un gran paso adelante», asegurando que «Francia es pionera en Europa en la protección de nuestros niños y adolescentes».
La iniciativa se ejecutará en dos etapas. A partir del 1 de septiembre, las plataformas no podrán permitir la apertura de nuevas cuentas a menores de 15 años. Para los perfiles creados antes de esa fecha, las empresas dispondrán de un plazo de cuatro meses, debiendo proceder al cierre definitivo el 1 de enero de 2027.
La norma excluye a enciclopedias virtuales como Wikipedia, plataformas de software libre y proyectos educativos. La defensora de la iniciativa, la senadora centrista Catherine Morin-Desailly, argumentó la urgencia de la medida señalando que «las plataformas han agotado nuestra paciencia».
La legislación traslada la responsabilidad técnica a las empresas tecnológicas para verificar las edades sin imputar sanciones a menores o familias. Ante los senadores, la ministra delegada de Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff, enfatizó la urgencia del ejecutivo: “Debemos actuar sin demora para proteger a nuestros hijos de los peligros de las redes sociales”.
La funcionaria detalló que existen herramientas operativas como France Identité o Docaposte. Asimismo, la ponente del proyecto, la diputada Laure Miller, aclaró que en servicios como YouTube o WhatsApp los controles se aplicarán solo a funciones sociales como comentarios o canales públicos.
Sin embargo, el mecanismo de control desató duras críticas parlamentarias. Desde la oposición, el diputado de La France Insoumise Antoine Léaument justificó su voto en contra advirtiendo que “TODO EL MUNDO tendrá que presentar su documento de identidad o reconocimiento facial para acceder a ellas”.
En la misma línea, el Partido Socialista anunció que recurrirá el texto ante el Consejo Constitucional por vulnerar el respeto a la privacidad. Por su parte, la senadora del Partido Verde Mathilde Ollivier cuestionó los plazos oficiales calificando el sistema como «una farsa» y cuestionando «¿quién realizará realmente las comprobaciones de edad?».
Pese a los cuestionamientos, la coalición de gobierno defendió la norma. El presidente del grupo Ensemble pour la République Gabriel Attal calificó la sanción de la ley como «una gran victoria y la culminación de una lucha». La normativa incluye además la extensión de la prohibición de teléfonos móviles en los institutos de educación secundaria.
No obstante, el texto final dejó dudas al no incluir disposiciones que regulen directamente los algoritmos de adicción. La diputada Laure Miller admitió «compartir la frustración» sobre este punto, argumentando que la regulación de los algoritmos corresponde al ámbito normativo de la Unión Europea.
El paso dado por París establece un precedente en el continente, pero deja abierto el debate sobre la efectividad de los controles punitivos. ¿Logrará esta ley proteger eficazmente a los adolescentes en internet o terminará empujándolos a utilizar redes privadas virtuales (VPN) para eludir la verificación de identidad?
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